El problema de la privada concertada aragonesa ha dado un significativo giro. La imponente movilización de los centros, perfectamente organizada desde la patronal del sector y las asociaciones familiares de militancia católica, le han dado la vuelta al inicial desafío de Echenique y los suyos, e incluso a la más tímida y razonada versión que pretenden poner en marcha a través de los presupuestos el presidente Lambán y la consejera del ramo, Mayte Pérez. De esta forma, lo que ahora tenemos sobre la mesa es un contrataque diseñado por los estados mayores de la Santa Madre. Su objetivo está claro: mantener a toda costa los conciertos e incluso incrementarlos, tanto si hay alumnos como si no. No quieren perder el convenio ni de 28 unidades, ni de 13 ni de una sola. Que cierren aulas de la pública como hicieron doña Luisa Fernanda y doña Dolores. En nombre de la sagrada libertad, por supuesto.

Ante semejante planteamiento, el gobierno aragonés sólo puede imponer su autoridad de una vez y actuar según convenga al famoso interés general. Eso, o admitir el chantaje para siempre jamás. Están pasando en Aragón cosas raras, cosas inquietantes, que indican la creciente preponderancia de poderes no sujetos a control ciudadano, los cuales no sólo se resisten a ceder el más mínimo de sus muchos privilegios, sino que quieren más... y más.

Por eso, mal que les pese a unos o a otros, las izquierdas van a tener que entenderse y plantear estrategias comunes destinadas a evitar que los fácticos pasen por encima de las instituciones democráticas y del pueblo soberano. Para eso hace falta inteligencia, habilidad táctica y generosidad mutua. Ni Podemos puede seguir embarullando cualquier negociación relativa a la gobernación de Aragón (como ha hecho con los últimos presupuestos) ni el PSOE debe seguir dando en el Ayuntamiento de Zaragoza el espectáculo de su constante alineamiento con la derecha (y sus padrinos) en todo tipo de asuntos. Es cuestión de supervivencia, no de otra cosa. Y habrá de ser ahora o nunca.