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El artículo del día

El derecho al agua y al saneamiento

Todavía se siguen buscando pretextos para justificar el negocio con este bien universal

 

El derecho al agua y al saneamiento -

El derecho al agua y al saneamiento -

Pedro Arrojo Agudo Pedro Arrojo Agudo
28/07/2020

El 28 de julio de 2010, hace diez años, la Asamblea General de Naciones Unidas, a propuesta de Bolivia, votó reconocer como derechos humanos, tanto el acceso al agua potable como al saneamiento. Fueron 122 votos a favor, ninguno en contra y 41 abstenciones. El texto aprobado reseñaba que 880 millones de personas no tenían acceso al agua potable y 2.600 millones no tenían instalaciones básicas de saneamiento, lo que acababa generando del orden de 1 millón de muertes al año, en su mayoría niños y niñas menores de 5 años, por diarrea. Estas estimaciones apenas si han mejorado, y ello sin tomar en cuenta los millones de personas que enferman y acaban muriendo por beber aguas con metales pesados u otros tóxicos.

En el año 2000, Cochabamba (Bolivia) estalló contra la privatización del agua, en lo que se conoció como la «guerra del agua». En 2002, el Consejo Económico y Social de Naciones Unidas abrió el camino para asumir el acceso al agua potable como un derecho humano (Observación General 15 sobre el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales). En 2004 Uruguay decidió en referéndum modificar su Constitución e incluir en la misma el reconocimiento explícito de este derecho humano, acabando con los procesos privatizadores que habían transformado el agua en un simple negocio. El ejemplo de Uruguay sería seguido por otros países hermanos de Latinoamérica.

En 2006, se celebró en México el IV Foro Mundial del Agua. El lobi de los grandes operadores privados, que controlaban su organización, seguían resistiéndose a reconocer el derecho humano al agua potable y al saneamiento, en la medida que resultaba problemático justificar el negocio del agua si estos servicios se vinculaban al espacio de los derechos humanos. Sin embargo, al final, una treintena de países, en su mayoría de América Latina y África, emitieron sus propias conclusiones presididas por esta demanda. Fui testigo de los debates en los que Cristina Narbona , que presidía la delegación española como ministra de Medioambiente, se identificó con este documento, que sin embargo no pudo firmar por la premura con que se gestó. No obstante, de vuelta a casa, convenció al Presidente Zapatero para que España tomara una posición activa en la materia.

El mismo 2006, España y Alemania presentaron una iniciativa ante el Consejo de Derechos Humanos en favor del reconocimiento del derecho humano al agua potable y al saneamiento, abriéndose un proceso que llevaría en 2008 a crear la figura de una Experta Independiente en Naciones Unidas sobre el derecho humano al agua y el saneamiento, cuya misión era clarificar el contenido del mismo. Poco después, en 2007, España creó el Fondo del Agua para América Latina, dotado con 1500 millones de euros; el mayor fondo del mundo en este campo.

Durante décadas el Banco Mundial respaldó al lobi de grandes operadores privados, en su mayoría europeos, condicionando sus créditos a la privatización de estos servicios, al tiempo que se oponía a reconocer estos derechos humanos.

Las cosas han ido cambiando y hoy todo el mundo reconoce, al menos formalmente, el derecho humano al agua y al saneamiento; aunque, eso sí, se siguen buscando pretextos para justificar el negocio que supone privatizar la gestión del agua.

En Aragón aún pagamos las consecuencias de haber privatizado el saneamiento en la mayor parte de nuestros municipios, haciendo de esta competencia municipal un oscuro negocio privado cuyo coste se pretende cubrir con el ICA. Un impuesto que los movimientos sociales y gran parte de la ciudadanía consideran abusivo e injusto, y que la propia DGA se comprometió a derogar. El cumplimiento de tal compromiso, sin embargo, sigue demorándose sin justificación conocida. En este décimo aniversario de la declaración de los derechos humanos al agua y al saneamiento, sería oportuna una reflexión sobre este asunto en Aragón. H

 
 
3 Comentarios
03

Por Lucio. 11:17 - 28.07.2020

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Muy bien lo que dices en el articulo. Aunque deberias explicar alguna vez tu relacion con el cluster del agua ZINNAE y tus conferencias por Latinoamerica pagadas por Avina.

02

Por Don Pantuflo 10:49 - 28.07.2020

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Todos los hogares han tenido siempre sus recibos fijos que hay que pagar obligatoriamente ya que de su abono depende no ser cortado el suministro por cable o tubería de elementos necesarios o incluso imprescindibles para la habitabilidad de la vivienda. Es bien sabido que un empleado de la empresa privada de suministro del gas podía girar una llave de paso impidiendo de este modo la llegada del combustible gaseoso al moroso, lo mismo ocurría con la corriente eléctrica o la línea telefónica susceptibles de ser cortados sus respectivos cables en caso de que el inquilino no contribuyera diligentemente a incrementar los legítimos beneficios corporativos de la empresa privada suministradora. Pero, oh cielos! El suministro domiciliario del líquido elemento lo realizaba el respectivo Ayuntamiento, cobrando por ello unas cantidades casi ridículas si las comparamos con los recibos de los otros suministros y sin obtener ningún beneficio empresarial por ello. Gracias a Dios hay hombres notables de mentes privilegiadas que se dijeron: la gente debe de pagar por este acuoso recibo cantidades similares a las que religiosamente abona por lo otros, máxime teniendo en cuenta que es más fácil prescindir del gas, del teléfono o incluso de la electricidad en el hogar antes que del agua corriente, y que se obtengan jugosos beneficios que bien repartidos incremente el PIB nacional. Dicho y hecho, hoy las ciencias adelantan que es una barbaridad y ya pagamos por agua y saneamientos (en plural) tanto como por los otros servicios, contribuyendo de esta solidaria manera a incrementar la riqueza y la economía… de algunos.

01

Por Jefazus 8:47 - 28.07.2020

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Zaragoza es la única de las grandes ciudades de España cuya producción, gestión y control del agua potable es pública, en el resto de los municipios o bien el control es privado o “público-privado”, gracias a esta gestión municipal pública el agua que bebemos ha pasado a ser una de las mejores de España, agua que proviene o bien de Yesa o del Canal Imperial, en la proporción que en cada momento sea necesario, se ha reducido el consumo por habitante y día, el control de fugas es muy alto, y el coste del servicio ajustado a lo que cuesta o menos, lo que no ocurriría con una empresa privada que ya nos habría subido el precio al doble y jamas se hubiera esforzado tanto por dar un buen servicio. Esperemos que el color politico de cada momento no eche a perder este bien de todos los zaragozanos

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