Los derechos derivados de la utilización de la obra de un autor han estado, históricamente, gestionados por sociedades desde que se aprobara la Ley de Propiedad Intelectual en los años 40. La SGAE fue la prima donna que asumió, como entidad única y exclusiva, la gestión colectiva de derechos. Su evolución ha estado acorde con nuestros tiempos de corrupción y desprestigio, pero tras la renovación de sus directivos, el colectivo de autores se propuso recuperar su crédito perdido. Aunque la veterana Ley cumplirá cerca de 80 años, su popularidad, en nuestro país y en nuestra comunidad, ha sido siempre desestimada por las administraciones públicas y privadas, de tal manera que no se asumía bien el deber de abonar lo correspondiente a la utilización de la obra y, a día de hoy, aún sigue habiendo reticencias. Después de la SGAE afloraron nuevas entidades que fueron autorizadas por el Ministerio de Educación y Cultura, y que, supuestamente, garantizan una explotación de las obras en beneficio de sus titulares y de sus usuarios. Ahora con la aprobación de un Real Decreto que modifica la Ley de Propiedad Intelectual, se da la entrada a otros operadores privados, con la intención de realizar un mayor control sobre las tradicionales entidades, forzando al sector hacia la libre competencia. Lo de controlar, sobre todo la gestión económica y la regulación de las prestaciones a las que están obligadas, es algo que se daba por hecho. Apostar por un libre mercado para que el autor pueda escoger qué derechos dar a qué empresa, es entrar en un mercantilismo que no favorece que la obra sea valorada en su justo precio. En cualquier caso habrá que esperar a su aprobación en el Congreso y supongo que la polémica no se hará esperar.

*Pintora y profesora