A partir de 2008, de forma efectiva, en Aragón llegaron las repercusiones de la recesión económica, motivada, entre otros factores, precisamente por la especulación inmobiliaria. Esto produjo una situación excepcional, que pichó la burbuja inmobiliaria, lo que produjo el crecimiento notable del desempleo, una perdida sustancial de la vivienda y un retroceso en los derechos sociales. No cabe duda que, aunque se niegue, esta situación tiene que ver con las políticas neoliberales, llevadas a cabo por algunos gobiernos como el español, que motivaron la crisis y el desmontaje del Estado del Bienestar.
La receta de los gobiernos ante la crisis, fue más austeridad que, a la larga, provocó más hondura en la recesión y más desigualdad. Además las respuestas gubernamentales a una de las necesidades más perentorias como son las situaciones de desahucio, tan generalizadas como nuevas, en una economía europea, fueron absolutamente inútiles, agravando la situación social de muchas personas.
Desde sus orígenes, CHA defendía el derecho real a una vivienda, que, después de la crisis sobre todo, se ha convertido en una prioridad. Esta reivindicación la fijamos en el Pacto de investidura en 2015 -realmente de gobernabilidad- con el Partido Socialista; en este documento proponíamos la aprobación, entre otras medidas para combatir los desahucios, un Decreto Aragonés de la Vivienda que contemplará como mínimo, la moratoria de los desahucios, el realojo obligatorio y la creación de una bolsa pública de viviendas de alquiler.
El nuevo Gobierno aragonés hizo suyo este acuerdo e incluyó en el Plan de Gobierno de 2016, la elaboración de una Ley Aragonesa de Vivienda como uno de los objetivos estratégicos de la Dirección General de Vivienda y Rehabilitación del Departamento de Vertebración del Territorio, Movilidad y Vivienda.
La Ley Aragonesa de Vivienda se justifica por tanto, y entre otras razones, por el reconocimiento legal del derecho subjetivo a la vivienda, es decir, que el ciudadano podrá exigir a sus representantes públicos que ese derecho se concrete en una vivienda digna asequible o alternativamente en una prestación de carácter económico. Este derecho se deberá reforzar entre la ciudadanía en situación de vulnerabilidad, pero incluso, aquellos que tienen una vivienda no la puedan perder; otro de los motivos sería regular la dignidad del espacio habitacional, en cuanto que un espacio dedicado a vivienda deberá de tener unas condiciones mínimas de habitabilidad.
Este texto normativo, además, contempla el Estatuto jurídico del usuario de vivienda que concreta en qué consiste ese derecho a la vivienda, así la apuesta por la mediación, novedad para resolver litigios en este ámbito. Otro tema muy controvertido que, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional, a petición del Gobierno del Partido Popular, posibilitaría la creación del Fondo de Vivienda Social de Aragón, sería la cesión, entre otros, a través de un justiprecio de las viviendas de los grandes tenedores, tal como recoge el Proyecto de Ley -entidades financieras, las sociedades inmobiliarias bajo su control, las sociedades de gestión de activos, los grandes propietarios de viviendas, las personas o entidades que operan en el sector inmobiliario, o por otras personas físicas o jurídicas, afectadas a este fin-, desde el punto de vista legal, con esta ley se elimina la dispersión existente en esta materia que cuenta con normas aprobadas, incluso, antes de 1978 y, por otra parte, completa las lagunas legales en materia de vivienda, puesto que la normativa, hasta la fecha, había sido muy parcial u obedeciendo a situaciones coyunturales.
El próximo jueves, 20 de diciembre, se aprobará, probablemente, en la sesión plenaria de las Cortes de Aragón la toma en consideración del Proyecto de Ley de Vivienda de Aragón presentado por el Gobierno de Aragón. A partir de este momento se iniciará el trámite parlamentario para su aprobación y posterior aplicación de esta ley, si es posible antes de la finalización de la legislatura.
En definitiva con este texto, desde las fuerzas políticas que defendemos el derecho a la igualdad, tenemos la esperanza de que, después de su aprobación, la vivienda se permita utilizar como un producto que garantiza los derechos de las personas y no como un mero producto mercantil que posibilite la especulación y el enriquecimiento de algunos sectores financieros a costa de las personas en situación grave de vulnerabilidad.
*Portavoz de la Agrupación Parlamentaria de Chunta Aragonesista (CHA) en las Cortes de Aragón
