Galicia tiene una de las leyes más avanzadas de Europa sobre muerte digna: fue aprobada por unanimidad en agosto del 2015 y dos meses más tarde unos padres fueron autorizados a dejar de alimentar artificialmente a su hija de 12 años que sufría una enfermedad neurodegenerativa incurable. «La postura de la Xunta ha sido respetar los derechos de la familia y de la menor», dijo Núñez Feijóo reivindicando esta ley que salió arropada tras un profundo debate parlamentario sobre cuestiones éticas y morales, y convicciones sentimentales y religiosas. Hubo que hacer juegos semánticos para no herir más sensibilidades de las necesarias, por eso se llama Ley de derechos y garantías de la dignidad de los enfermos terminales, y por eso, también, prohíbe el encarnizamiento terapéutico cuando el caso es irreversible. Llama la atención que siendo Galicia pionera en legislación sobre muerte digna, el PP gallego se haya pronunciado en contra de la ley de eutanasia por considerar que está fuera de los parámetros éticos y no encaja con la forma de entender la vida y la muerte que tiene la sociedad gallega, según la diputada Rodríguez Barreira. No hace falta exhibir tantas contradicciones morales y sociales para hacer política sobre un asunto tan serio y tan doloroso. Y menos aún escandalizar con argumentos economicistas como ha hecho Echániz, el que defendió el copago de los pensionistas de Castilla La Mancha porque solo eran «cuatro cafés». El mismo que tuvo que reabrir las urgencias en varios pueblos por orden judicial, el que paralizó dos hospitales que costaron 32 millones más en indemnizaciones, el que despidió a los interinos y luego acusó a los médicos de operar demasiado, el causante de la derrota de Cospedal en Castilla La Mancha y en las primarias que ganó Casado. Todo queda en casa. H *Periodista