DERECHOS DE LOS INMIGRANTES

Pero no cabe duda de que los derechos de los inmigrantes son un asunto que en estos momentos requiere una profunda reflexión, y que se han de dar pasos de cierta envergadura y sin tardanza en este terreno.

El actual Gobierno del Estado debe dar muestras claras de que va a haber una política de inmigración nueva, distinta de la anterior. Algunas de las cosas que está insinuando apuntan a cambios de cierta importancia, como la posibilidad de establecer formas estables (no extraordinarias) de regularización de los sin papeles sobre la base de su arraigo laboral.

PERO SERIAconveniente que el Gobierno saliese a la palestra abordando el tema con la globalidad y la decisión que merece. Como lo ha hecho con otros asuntos, como el de la guerra, la violencia de género, el Plan Hidrológico Nacional, etcétera.

Decir que la inmigración es un tema muy complejo y ampararse en ello para retrasar la puesta en marcha de medidas integrales no es de recibo. El tema es complejo, sí, pero precisamente por ello requiere una compleja, amplia, batería de medidas para abordarlo.

Medidas para dar salida al enorme volumen de personas que se encuentran aquí (y trabajando) en situación irregular, medidas para organizar mejor los flujos de inmigración, para hacer una buena acogida de las personas que nos van llegando, para agilizar todos sus trámites administrativos, para favorecer su integración en nuestra sociedad. Medidas que comportan la definición de una nueva política de inmigración, pero que también requieren la dedicación de muchos más recursos de los que el anterior Gobierno dedicaba a este tema.

Convendría que el Gobierno mostrase ya qué incremento va a hacer en los recursos y cuáles van a ser las líneas maestras de su nueva política. Y debería, además, demostrar su firmeza dando un paso de gran importancia simbólica para una sociedad en la que la inmigración es ya un componente estructural de nuestro desarrollo: la concesión del derecho de voto en las elecciones municipales a los inmigrantes con residencia legal (por ejemplo, con residencia permanente). Quiero insistir en esto, porque el debate sobre la política de inmigración no debería quedarse reducido a ver qué hacemos con los sin papeles.

El derecho al voto es de gran relevancia en el proceso de integración social de las personas inmigradas. Al definir quiénes tienen derecho a elegir los representantes políticos de una comunidad (por ejemplo, una comunidad local, un municipio), en una sociedad basada en el principio de una persona un voto, lo que estamos diciendo es quién está dentro y quién está fuera de la comunidad.

Negando el derecho de voto a las personas inmigradas, en unas elecciones locales, lo que les decimos es que no forman parte de la comunidad local, interponiendo con ello un profundo foso en el camino de su integración.

A MENUDOse dice que los inmigrantes "deben adaptarse a nuestros valores". Pero, independientemente de que ésta es una mala expresión, porque introduce confusión entre integración y aculturación, cabe preguntarse de qué adaptación hablamos cuando somos nosotros quienes les impedimos adaptarse al sistema democrático, precisamente a lo que constituye el núcleo de nuestros valores. Hay que acabar con la hipocresía que supone reclamar integración e impedir, al mismo tiempo, la participación en el sistema democrático.

Y es ahora cuando debe abordarse políticamente este asunto. Ahora se dan las condiciones para transformar esta reivindicación en normativa legal, porque se es más consciente que nunca de la importancia de la integración social de la población inmigrada.

Ahora es cuando debe iniciarse el necesario proceso legislativo para que en las próximas elecciones municipales puedan votar las personas inmigradas con residencia estable en nuestro país. La nueva política de inmigración debería mostrar su alcance incluyendo ya este aspecto.

*Responsable de Inmigración del CERES (centro de estudios de Comisiones Obreras)