No me digan que no es de traca. Cuando hasta el mismísimo Tribunal Constitucional avala la reforma laboral, "extremadamente agresiva" en palabras del ministro de Guindos porque ha destruido los pocos derechos que conservaban los trabajadores, va la Audiencia de Granada y enchirona a un médico de 25 años, que formaba parte de un piquete sindical en la huelga de marzo de 2012. El día de autos, Carlos Cano entró en un bar de madrugada, "profirió amenazas y expresiones vejatorias" a los clientes, hizo una pintada y colocó unas pegatinas llamando a la huelga. Este es el delito que le ha costado a Cano una condena de tres años de cárcel por "atentar contra el derecho de los trabajadores", según el sabio proceder de los jueces, amén de unos cuantos miles de multa más la indemnización al dueño del bar. No me irrita tanto la desproporción de la pena con respecto a las que se aplican, por ejemplo, a los delincuentes que han saqueado las arcas del Estado, las de entidades financieras y las de empresas muy boyantes, sino el laxo concepto que tienen los magistrados del derecho de los trabajadores. Más de un millón de españoles ha perdido su trabajo superados los 50 años porque resultaban caros para sus empresas. Algunos muchos han vuelto a sus casas con una mano delante y la otra detrás porque la estupenda reforma de Rajoy, que aplaude el Constitucional, consiente el despido gratis total. Pero este vejatorio atentado contra los derechos de los trabajadores no impresiona a los jueces del más alto tribunal. Periodista
