Ante el caso de una supuesta venta irregular de más de 5.000 viviendas en Madrid por el exconsistorio del PP, presidido por Ana Botella, en 2013 a fondos buitre.
Siempre le he considerado como un paladín de las cuentas públicas, calificándolo llegado el caso de «martillo de herejes financieros».
He defendido en mis artículos sus actuaciones cuando así lo he creído, ya que sus conclusiones, la mayoría de ellas ajustadas a praxis profesionales, inspiraban confianza ante determinados desbarajustes de los administradores.
No acierto a comprender qué en un organismo de su prestigio y profesionalidad, produzca una revocación de sentencia, tal y como la emitida por su Sala de Enjuiciamiento, anulando la devolución a las arcas municipales de 22,7 millones de euros respecto a una aparente y poco ortodoxa venta de inmuebles municipales de protección pública a fondos buitres.
¿Qué ocurrió después de la 1ª Instancia de dicho tribunal?
¿O quizás, tan jurídicamente deleznable, fue la fase de instrucción dando pie a calcinar la misma?
Se hace obligatorio respecto a la higiene y confianza que deben atesorar los organismos públicos, las pertinentes declaraciones de las partes implicadas, explicando e informando a la opinión pública sobre los pormenores de estos vaivenes supuestamente contrarios a una recta trayectoria.
Depúrense las responsabilidades, pertenezcan a quién sea, pero los españoles no pueden asistir impávidos a estos desatinos, repito, provengan de dónde provengan.
Se nos ha agotado la confianza ideológica en políticos, pero por favor respétense las instituciones ya que al presente tema, le precedió el no menos famoso asunto del Tribunal Supremo respecto a hipotecas y soluciones salomónicas dispares.
*Doctor en Derecho
