Hay una buena noticia, aunque quizá los más renuentes al nuevo Gobierno de España no la perciban así, y es la posibilidad de un ciclo político más o menos corto pero libre de elecciones.
La vuelta a la normalidad en el desempeño de las instituciones, con la desaparición de la coletilla «en funciones» que hemos padecido 571 de los 1.460 últimos días vividos, olvidarnos un poco de la adjetivación electoral de nuestra democracia y concentrarnos un poco más en la deliberativa reforzaría nuestro sistema.
Si la política democrática se basa en la celebración de elecciones a intervalos regulares, que esos plazos sean cada vez más cortos no implica mayor desempeño democrático sino mayor incapacidad para conjugar los principios de decisión, representatividad y gobierno. El momento de mayor libertad del votante es el día de la cita electoral, pero se pierde en parte desde el momento de la proclamación de los resultados, porque las reglas del juego democrático implican aceptar el resultado y otorgar la confianza en la defensa de nuestras posiciones a aquellos que hemos elegido representantes parlamentarios. Nuestra democracia como «gobierno pro tempore» que pasado un tiempo nos volverá a posibilitar nuestro máximo momento de libertad, y a los que han perdido les otorga la esperanza de ganar en un plazo razonable si convencen a un número suficiente de ciudadanos hace que estemos dispuestos a asumir una política con la que podemos no estar de acuerdo.
Los ideales de libertad y participación deben conjugarse con gobiernos democráticos eficaces, que tengan tiempo de formular medidas políticas que puedan ser evaluadas por los votantes para recompensar o castigar su actuación. Se devuelve así, una de las funciones más importantes a la democracia, la asignación de responsabilidades que en la interinidad son difíciles de dilucidar.
Parar la máquina electoral de los partidos por un tiempo permite que el cortoplacismo y la política de titular ceda el protagonismo a la elaboración de un proyecto de gobierno para los que han ganado, con la elaboración del Presupuesto General del Estado como primera parada, y la reformulación de propuestas y de modelo de país a los que pasarán a ocupar la oposición. A partir de este momento de arranque, el bloqueo se irá reduciendo a unos ritmos aceptables para los protagonistas y su electorado, sucedió así en 1993, en el 2004 y el nuevo Gobierno deberá participar en el rebaje de la tensión con generosidad. Reiniciar la normalidad institucional debe ser el primer objetivo de esta legislatura.
