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EDITORIAL

Descentralización y salud pública

 

Dos personas con mascarilla caminan en una desierta plaza de San Carlo, en Turín. - MASSIMO PINCA (REUTERS)

14/07/2020

El preocupante aumento de casos positivos de coronavirus ha forzado al Gobierno de Aragón ha decretar el pase a la fase dos para casi 900.000 aragoneses. Una medida dura y desesperanzadora pero que se debe adoptar para evitar que el incremento de contagios vaya a más. Por tanto, toca de nuevo apelar a la responsabilidad individual y cumplir con las normas. Este pequeño retroceso debe servir para que no haya más, y por ese lado hay que mirarlo. Un retroceso que, en cualquier caso y no sin razón, preocupa y enfada a los hosteleros de Zaragoza y su comarca, Huesca y las cuatro comarcas orientales, ya que son los más perjudicados por esta medida.


Habrá que estar vigilantes en los próximos días para frenar el aumento de casos y que pronto se pueda levantar esta medida restrictiva. Por el bien de todos. Y sobre todo, por el bien de la salud y también de la economía.


Si la situación en Aragón es preocupante, en Lérida es mucho peor, después de que una jueza vetara el confinamiento total que quería decretar la Generalitat y cuyo presidente, en un nuevo desafío a la Justicia, desobedeció llevándolo adelante. Uno de los peores escenarios ante el que pueden hallarse los ciudadanos en esta época de incertidumbres es la indefinición creada a partir de conflictos jurídico-políticos. Y es justo lo que está pasando en la comarca del Segriá. La jueza ha decretado que no tenía validez por cuanto excedía las competencias autonómicas y precisaba de la garantía del Congreso, como ocurrió con el estado de alarma general. Si el Estado asumió en su día la responsabilidad centralizada de la lucha contra la pandemia, con la llegada de la nueva normalidad la gestión corresponde a las autoridades autonómicas, que deben poder tener la tranquilidad jurídica necesaria para tomar decisiones de orden sanitario, aunque sean radicales. La situación que se da en Lérida provoca extrañeza, por cuanto esta misma semana hemos asistido a otros confinamientos, territoriales o locales, y a restricciones tan severas como la del derecho a voto en Euskadi y Galicia que no han sido rechazados por la justicia ordinaria. Además, la misma jueza que ha dejado sin efecto la orden de la Generalitat avaló en su día, y antes del estado de alarma, el confinamiento de Igualada.


El Estado ha asumido la cogobernanza y considera que la Generalitat tiene suficientes instrumentos jurídicos para implantar estas medidas. Contempla la gestión descentralizada como la mejor opción, al mismo tiempo que prevé una acción coordinada cuando los rebrotes afecten a autonomías colindantes, y descarta por ahora un estado de alarma parcial, mientras que Quim Torra aboga por un decreto ley que regule un plan de rebrote.


Los ciudadanos tienen el derecho a saber a qué atenerse. Disputas legales o discusiones sobre los escudos jurídicos para tomar según qué decisiones no pueden incrementar más aún una sensación de desprotección que no solo afecta a la salud comunitaria sino también a la evolución de la economía. Ante el conflicto sobre la idoneidad competencial de la Generalitat no puede cargarse sobre las espaldas de los vecinos la responsabilidad individual de hacer frente a la crisis.

 
 
1 Comentario
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Por José S. 1 12:55 - 14.07.2020

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La mayoría de la población que contrae la COVID-19 se recupera de ella como de cualquier infección viral como por ejemplo la gripe, o sea, que no nos morimos vamos. Sobre la efectividad de las mascarillas en público los virólogos no se ponen de acuerdo entre ellos siquiera. Algunos gobiernos como por ejemplo el británico informan en su sitio web acerca de las dudas sobre la efectividad del uso de mascarillas/otras coberturas faciales en espacios públicos: ¿por qué no son entonces opcionales en Aragón? Si una persona teme ser contagiada que se cubra la cara o se aisle si lo desea pero, por favor, no nos obliguen a los demás porque no estamos en la República Democrática Alemana, gracias a Dios. A propósito, cuando se decretó el orwelliano arresto domiciliario de cuarentena y siete millones y pico de españoles no se obligaba a llevar mascarilla por la calle y ahora sí, cómo se entiende eso. ¿En qué criterio, médico o cualquier otro, se ha basado el Gobierno autónomo maño para poner en práctica semejante exceso de autoridad?, ¿en la pretensión de justificar el cierre de la sociedad española del Gobierno de coalición central y el innecesario subsiguiente destrozo de nuestra frágil economía por una espantosa decisión política que no un triste coronavirus quizá? Bueno, si acaso, casi sería mejor no quitarse la mascarilla jamás, lo digo por los estornudos, los catarros comunes o los hediondos alientos: ¿dónde han estado las mascarillas en nuestras vidas antes de ahora? Para posturas gobernantes con un tinte de superioridad no ganamos. No se dejen engañar, estamos ante un escandaloso *experimento de control social* de las personas por parte de los gobiernos que están reforzando algunos medios de comunicación social tan ricamente. Un saludo. P.S. Entre las próximas prohibiciones esperen las de no ir fumando por la calle posC-19 --recuerden, el tabaco es cancerígeno-- o salir a pasear no vaya a ser que tropiecen y al caer se rompan la crisma, en fin…

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