Hace años que tras las discusiones políticas entre amigos, cuando la carga de melancolía y frustración se acumula en forma de catarsis, Jose Manuel acaba el debate con la misma ocurrencia. «Quiero ser suizo, los responsables de este país me avergüenzan, me deprimen, me asquean».
El pasado 25 de abril fue un día propicio para ello, porque la rabia y el hartazgo te abruman, te sobrepasan los acontecimientos, y empiezas a pensar que este no es tu mundo, que la política, la gestión pública, la representación y el funcionamiento de las instituciones no pueden arrastrarse por el fango de esta manera.
Hace solo un mes, en algunos medios de comunicación se daba el nombre de Cristina Cifuentes como posible sucesora de M. Rajoy. En cuarenta días ha pasado de cien a cero. Su caída es de las más indignas que podemos recordar entre nuestros políticos. No se va por falsear un título oficial de máster, no, eso no es trascendente, no es determinante para ella. Se va por robar dos botes de crema en un supermercado hace siete años.
El caso del máster de Cifuentes expresa la corrupción institucional. La más peligrosa, por su contaminación y abuso de poder respecto de otras instituciones a las que gobierna, y por valerse de los privilegios que le otorga su representación, para favorecer sus intereses. Las actuaciones de Cifuentes atacan el núcleo esencial del Estado: la credibilidad institucional, el respeto al esfuerzo y la constancia, y el respeto a las instituciones, que han de ser ejemplo de ecuanimidad y saber.
Pues bien, a pesar de haber adulterado todo aquello que decía defender, no dimite por traicionar la integridad ética, que la responsabilidad política le obliga, sino por robar cuarenta euros de cremas en un super. No dimite por ética sino por estética. Para ella, su partido y los dirigentes que le obligan a dimitir, el morbo del vídeo está por encima del desprestigio institucional y político que las mentiras sobre su máster ha arrastrado. El problema no es el daño irreparable que hace al sistema, a la credibilidad de los políticos y a la propia política, sino las imágenes del cuarto de cacheo de los guardias de seguridad del supermercado. Dilatar innecesariamente la crisis para no perder la comunidad madrileña, es responsabilidad exclusiva de Mariano Rajoy, en su desidia para resolver problemas, prefiere devaluar y contaminar las instituciones antes que perder un gobierno autonómico.
El acuerdo presupuestario con el PNV, simboliza lo mismo. Concebir la práctica política como exclusivo instrumento para mantener el poder. Por ello supedita el interés general a sus intereses de partido y permite que lo que era imposible hace quince días, ya no lo sea, para mantenerse en el Gobierno.
El PNV logró en los PGE del 2017 una rebaja del cupo vasco por 1.400 millones de €, la reducción de la tarifa eléctrica de sus grandes empresas y una inyección de 3.380 millones para alta velocidad. En 2018 prevé un aumento de las inversiones vascas del 32% (unos mil millones más), además de desbloquear el incremento de las pensiones y negociar, vía enmiendas, innumerables partidas menores. Nunca cinco votos valieron tanto en el Parlamento español .
Desbloquear el atasco que se vive en el Pacto de Toledo por el incremento de las pensiones con arreglo al IPC, a expensas de leer el texto definitivo, es una noticia inmejorable para los pensionistas, sobre todo porque supera el raquítico acuerdo con Ciudadanos (3% las mínimas,1’5% para las menores de 700€ y el 1% para quienes reciben entre 700-800 €) desenmascarando su escaso compromiso con los mayores, y aumenta en más de cinco millones los nuevos beneficiarios, amén de subir la base reguladora de la pensión de viudedad del 52% al 56%.
El procedimiento ha sido impresentable y en democracia eso , y las formas, son tan importantes como los contenidos. Por eso no entiendo que veinticuatro horas antes, el PP no apoyase la recomendación suscrita en el Pacto de Toledo de incrementarlas con el IPC, y al día siguiente los que negaron el pan y la sal a los pensionistas «el dinero no crece en los árboles» decía Rajoy, vean viable su financiación (1.800 millones), con un nuevo impuesto de las tecnológicas, (500 millones), la reducción por los intereses de la deuda, y la previsible rebaja del rescate de las autopistas radiales (2.000 millones). ¿Dónde está la credibilidad del Gobierno?, ¿Cómo queda la subcomisión del Pacto de Toledo, creada para evitar que las pensiones sean munición electoral o mercancía de acuerdo?
Superado el subidón de ver como las movilizaciones han forzado estos incrementos, me horroriza ver cómo la falta de proyecto y dirección política arrastra a nuestro país, hacia no se sabe dónde.
