Los beneficios del crecimiento en España van a parar a las manos de los que ya viven holgadamente. Sufrir las consecuencias de una crisis económica que dejó paro, bajos salarios y recortes en los servicios públicos no parece ser suficiente penitencia para una sociedad que contempla cómo la recuperación tras esos sacrificios no se distribuye de forma equilibrada y justa. El reciente informe de Oxfam Premiar el trabajo, no la riqueza, vuelve a insistir sobre una tendencia que ya adelantó la Comisión Europea en noviembre sacando los colores a España por ser el país en el que más creció la desigualdad entre el 2007 y el 2016, con medalla de bronce en este apartado, solo superada por Rumanía y Bulgaria. Los informes dejan titulares del tipo la recuperación ha favorecido cuatro veces más a los que más tienen que a los que menos. Se afianza así un modelo que va dejando excluidos de por vida, generación tras generación, porque la acentuación de las desigualdades no es solo un asunto económico, conlleva repercusiones que también son medibles. El riesgo de fracaso escolar es seis veces más alto entre los hijos de las familias pobres que entre los de las acomodadas. Y en lo sanitario pasa tres cuartos de lo mismo, con un acortamiento de la esperanza de vida de más de dos años según el nivel socioeconómico. Las personas con menos ingresos acuden seis veces más al médico de cabecera. Las más acomodadas visitan al especialista. A lo que parece, el Gobierno no solo no se quiere meter en la desigualdad salarial. Es que en ninguna.

*Periodista