Desde 1975 la Unión Europea definió territorios desfavorecidos por diferentes criterios, unos por ser zonas de montaña, otros por estar afectados por despoblamientos y otros por problemas específicos. En el caso de Aragón, la Directiva 14/07/1986 considera que del conjunto de 739 municipios que conforman la Comunidad Autónoma 237 son zonas desfavorecidas por despoblación, otros 294 se hallan desfavorecidos por ser zonas de montaña (estos también están afectados por despoblamiento), unos pocos (24) tienen condicionantes específicos (por ejemplo salinidad) y, por último, solo 174 municipios que representan menos del 24% de los municipios aragoneses son zonas no consideradas como desfavorecidas.

Así pues, hace muchos años que se diagnosticaron estas zonas problemáticas, pero se ha hecho muy poco para corregir los problemas a pesar de que desde esas mismas fechas la Unión Europea ha tratado de poner remedio a través de los Programas de Desarrollo Rural (PDR) aplicados en cada región, o Comunidad Autónoma, u otros más específicos para zonas concretas como son los Interreg (para zonas fronterizas como el Pirineo) o los programas MINER para zonas mineras en retroceso económico.

A pesar de estos programas 555 municipios (más del 75% del total) han perdido población en lo que llevamos de siglo. De tal forma que los municipios que pierden población han disminuido sus censos en 15 años en torno al 15%, si bien muchos lo han hecho en más del 40%, llegando algunos hasta el 74%. Si tenemos en cuenta que muchos de estos municipios son de pequeño tamaño y, a su vez, muy envejecidos, salta a la vista que son urgentes planes o programas que luchen contra la despoblación.

En estas últimas semanas hemos visto como, desde los discursos del estado de la región, en las Cortes, o desde iniciativas de diputaciones provinciales, se proponen planes contra la despoblación. Quizá ya sea tarde para muchos territorios si tenemos en cuenta que 350 de nuestros municipios (el 48% del total) tienen menos de 150 habitantes, de ellos 187 menos de 100 y 70 menos de 50 habitantes. Es decir, son poblaciones que, dado su elevado grado de envejecimiento, tienen pocas posibilidades para que en ellos sean viables servicios básicos tanto para la población como para el desarrollo de actividades económicas.

También contrasta que se pretenda impulsar políticas contra la despoblación cuando, en los últimos años se han dejado perder iniciativas económicas que fijaban población en el territorio y habían surgido de las corporaciones y agentes sociales de los municipios. Por ejemplo (es sólo un ejemplo) la transformación de madera en biomasa que se impulsó en Ansó en el año 2011, a cuya inauguración acudieron destacados representantes de las administraciones regionales, definiendo esta iniciativa como un ejemplo a seguir. Sin embargo, la falta de políticas en este sentido ha determinado que se haya cerrado en este año. Son muchos los proyectos semejantes a este que han seguido el mismo camino.

Pienso que apoyar las iniciativas locales, que ya existen incluso en pequeños municipios, sería la mejor forma de luchar contra la despoblación, quizá no sea necesario elaborar grandes planes, sino, como primer paso, impulsar lo ya existente y no dejar que se muera. Evidentemente los grandes planes son necesarios para crear entornos económicos que creen sinergias y se apoyen unos proyectos en otros. Todos conocemos cómo se han creado dichos entornos económicos para salvar sectores como la banca, las empresas energéticas, inmobiliarias, autopistas… Todas ellas eran grandes empresas del Ibex que, en principio, contaban ellas mismas con suficientes recursos, pero, parece ser que las políticas públicas han contribuido eficazmente a su recuperación y hoy funcionan, parece ser que muy bien, muchas de ellas. ¿No se merece el medio rural políticas semejantes?.

*Concejal de Desarrollo Rural del Ayuntamiento de Ansó