La falta de concreción de la DGA sobre el cierre de aulas en colegios concertados está provocando el efecto contrario al deseado por la consejera Mayte Pérez. Los sindicatos están facilitando posibles colegios perjudicados, y las comunidades escolares de los señalados están empezando a organizarse para protestar. O el Gobierno actúa con firmeza, diligencia y tacto o el acuerdo con Podemos para los presupuestos se le va a volver en contra en un terreno tan sensible. Urge aclarar qué aulas se cierran y explicar bien los criterios educativos y económicos que motivan esa clausura.
