El Gobierno de Aragón se ha personado (por fin) en la Operación Molinos al imputar la comisión de un delito de fraude en las subvenciones y otro de falsedad documental a cinco de los 43 imputados en el caso, que supuso el cobro de subvenciones de más de 300.000 euros por obras no ejecutadas o mal realizadas en la red municipal de agua de La Muela. La DGA no solicita pena de cárcel para la exalcaldesa Pinilla y los otros cuatro implicados en estas obras falsas, pero sí reclama indemnizaciones por el importe defraudado para los acusados y pide que en caso de insolvencia se haga cargo el ayuntamiento. Queda la duda de por qué la DGA ha tardado tanto en presentarse proactivamente en la causa, rechazando acciones civiles o penales, como se le sugirió en las Cortes, para buscar el resarcimiento efectivo del presunto fraude.
