Ante la avalancha de compradores que se presume, el Gobierno de Aragón va a dejar en manos de una empresa privada el registro de solicitantes de viviendas protegidas. Al parecer, la Administración autonómica no tiene personal suficientemente capacitado para administrar y mantener la confidencialidad de los datos personales y económicos de los miles de aragoneses que quieren optar a comprar una vivienda protegida, y privatiza el servicio. Desde la DGA se garantiza la protección de todos los datos que se van a manejar, ya que el sistema informático será muy restringido, pero con eso y con todo la confidencialidad debe ser sagrada.