Partido Popular y Podemos tumbaron ayer en las Cortes las modificaciones presupuestarias presentadas por el Gobierno socialista de la DGA para satisfacer necesidades subestimadas. Se trataba en concreto de subsanar una infradotación de 31 millones para las nóminas del profesorado de la escuela concertada, así como otras partidas menores; si acaso, la más significativa, una de un millón y medio de euros para un convenio con la Diputación de Huesca destinada a parques de Protección Civil que hasta ahora no parecía prioritario para el presidente Javier Lambán.

La negativa de ambos partidos a apoyar los cambios en las cuentas del 2017, aprobadas en una ley hace apenas dos meses, es un serio correctivo al Ejecutivo PSOE-CHA, que vuelve a sentir la amenaza de bloqueo sobre su gestión al sustanciarse solo en 20 de los 67 diputados autonómicos. Consiguió el plácet de Podemos para sus presupuestos tras una ardua negociación que incluyó el envío de las modificaciones presupuestarias a las Cortes, a sabiendas de que no le sería aceptado un solo cambio sustancial. Y recién aprobadas las cuentas, el nuevo PP de Luis María Beamonte ya le advirtió que no secundaría modificación presupuestaria alguna si no se sujetaba a un acuerdo general, especialmente en materia impositiva, negociado con antelación.

Se conjuraron pues en la Cámara dos factores que revelan la debilidad de la DGA. Por más que el portavoz del PSOE en las Cortes, Javier Sada, se afanara tras el revolcón en vociferar «la irresponsabilidad del PP» y acusar al presidente conservador de «ser un peligro», la corresponsabilidad debe buscarla el PSOE donde reside: en los grupos que apoyaron su investidura. Y solo en caso de no lograrla, acudir a otros ámbitos ideológicos.

Al poco de este desencuentro en Aragón, los líderes nacionales de PSOE y Podemos, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, escenificaban un acercamiento que habría de incluir un acuerdo de mínimos no solo para cuestiones de política nacional, sino para frenar los agrios desencuentros en aquellas instituciones locales y autonómicas donde ambos se necesitan. Esa y no otra debiera ser la tarea de la comisión bipartita que decidieron crear. Hasta ahora, las relaciones de los socialistas con Podemos y las confluencias de izquierdas en las Cortes de Aragón o en el Ayuntamiento de Zaragoza han sido cualquier cosa menos edificantes.