Todo apunta a que el caso de los supuestos sobreprecios en la venta de viviendas de protección oficial (VPO) en promociones de Zaragoza como la de Parque Goya se tendrá que resolver desde el Gobierno de Aragón. Ayer comparecieron en los juzgados dos de los cuatro imputados y al final da la impresión que van a existir pocas bases para acusar de un delito a las empresas que están en el punto de mira. Pero a partir de ahí, la consejería que dirige Javier Velasco debe ponerse a trabajar. El asunto debería solventarse por la vía administrativa por el presunto incumplimiento de la normativa autonómica vigente en materia de venta de VPO. Y la DGA no debe tener ningún rubor a la hora de actuar en consecuencia. Si alguien ha incumplido las normas, debe pagar las consecuencias de esa irregularidad administrativa. Da igual que sólo haya habido, al final, seis denuncias y que todo sea por 60.000 euros. Importa el hecho en sí.
