El pulso entre el Gobierno y la Universidad de Zaragoza que dirige Manuel López sobre los partidas que el Ejecutivo aporta a la institución parece que se está suavizando. Si tajante ha sido hasta ahora la actitud del PP en recriminar a la universidad que no se adapte a los recortes que sufre toda la sociedad, contundente ha sido, también, la respuesta del Rectorado, amenazando con llevar a la Justicia lo que considera compromisos de financiación incumplidos. Incluso la escenificación de las propias carencias, con la circular enviada a los decanos de no realizar ni los trabajos de mantenimiento más elementales. La negociación entre DGA y UZ se está produciendo, pero da la impresión que los presupuestos saldrán como se preveían y, posteriormente, ya se buscarán partidas adicionales. Ambas instituciones están obligadas a entenderse.