Superar el mes de diciembre sin un estropicio político más grave del que ya padece la política española no va a ser fácil. Los resultados de las elecciones andaluzas determinarán un antes y un después en la vida pública del país. Todo depende de que Vox entre o no en el Parlamento de Andalucía y consagre la fragmentación de la derecha española en tres espacios diferenciados, uno de ellos claramente extremista y homologable a los movimientos populistas y regresivos que ya florecen con feracidad en varios países europeos.

Hasta el momento, España disponía de una derecha que aunaba en una sola formación -el PP- todas las expresiones liberales y conservadoras del espectro político. La irrupción de Ciudadanos, alteró, primero, el ecosistema de partidos en Cataluña, y desde el 2014 -al tiempo que lo hacía Podemos en la izquierda extrema-, también en el conjunto de España. Ahora Vox amenaza con sentarse en la Cámara andaluza; si lo logra, en mayo estará en otras muchas y, sin dudar, en el Parlamento Europeo.

Los comicios en la comunidad autónoma más poblada de España serán el prolegómeno de los actos de conmemoración del 40º aniversario de la Constitución, el próximo jueves, día 6. No van a ser tan festivos como la Carta Magna merece. Fue recibida con entusiasmo en una Cataluña que la votó favorablemente por encima de la media española (hasta el 90% de los sufragios emitidos) y ahora nadie soñaría con un respaldo ni lejanamente parecido al de entonces.

La Corona, tan acosada, salvó el régimen constitucional en 1981, pero recibe desde Cataluña un furibundo y sostenido ataque porque la complacencia con la desregulación de la institución con Juan Carlos I permitió que la Zarzuela aflojase sus propias exigencias y terminase por convertirse en el eslabón más débil de la cadena de la institucionalización española. Episodios muy recientes y desgraciados ahondan la fragilidad de la familia real. Unidos Podemos y colectivos universitarios se han incorporado a este afán antimonárquico de los independentistas catalanes y en Madrid se descuenta que el acto parlamentario con el Rey emérito sentado junto a los padres de la Carta Magna será conflictivo y propiciará la oportunidad para un plantón de republicanos.

No solo la Corona se ha deteriorado. Lo está el conjunto del sistema, que ha gripado. El único caso de deterioro sistémico no es -aunque sí principalmente- la crisis de Cataluña, sino también la de los poderes del Estado, porque el Parlamento solo funciona a golpe de decreto ley y el Tribunal Supremo atraviesa un episodio histórico de erosión de su reputación como nunca antes había padecido. Por una parte, las sentencias sobre la fiscalidad de las hipotecas han mostrado un costurón interno en el alto tribunal, y por otro, la partidización de la justicia -como se ha acreditado con el fallido intento de renovar el Consejo General del Poder Judicial- sitúa el crédito de su administración en una baja cotización justo en el momento histórico en el que se requería que transmitiese el máximo prestigio y fiabilidad, a las puertas del juicio oral contra los dirigentes del proceso soberanista.

El día 12 de este mes, coincidiendo con la convocatoria de una huelga general de funcionarios en Cataluña, el Congreso abordará -sin saber sobre qué raíles discurrirá el debate- la cuestión catalana sobre la que el nuevo Gobierno de Pedro Sánchez -en crisis abierta- se ha volcado con resultados retóricos y gestuales que, hasta el momento, ni han descartado la unilateralidad ni han reducido las ansias secesionistas. El Ejecutivo español obtiene muchos más resultados en términos de desinflación por la división interna entre los partidos catalanes secesionistas que por el carácter incisivo y reparador de sus políticas. El mérito de Sánchez consistiría en dejar que los independentistas no pierdan la oportunidad de pelearse entre sí y en visualizar una actitud diferente a la de Mariano Rajoy, aunque la conclusión de lo que acontece siga siendo pesimista.

El ambiente de provisionalidad, en Madrid y en Barcelona, no ayuda en absoluto a una toma de decisiones que transite de lo paliativo a lo curativo. Y ese estado febril no se va a resolver en un debate parlamentario que incluso podría empeorar las cosas teniendo en cuenta los comportamientos montaraces que se están produciendo sin solución de continuidad en el Congreso de los Diputados. Mientras, la Generalitat se enfrenta a protestas sociales que reformulan las prioridades en la comunidad y que los dirigentes independentistas están manejando con una torpeza insospechada. En términos de aspiraciones sociales, la secesión ha dejado de ser el bálsamo de todos los males. La sociedad catalana parece contraprogramar a los dirigentes del procés con un cambio de dinámica interna en sus reivindicaciones.

Un año del 21-D / Y después llegará el primer aniversario de las elecciones del 21-D, que se celebraron bajo el 155. Aquellos comicios se concibieron como una disrupción del proceso soberanista que no se produjo. El aniversario servirá, de nuevo, no para una reconstrucción de lealtades y la conformación de un cuerpo de doctrina democrático que se conjure en la no repetición de aquella situación, sino para cebar aún más el cruce de reproches que se almacenan en los silos del recuerdo rencoroso que ha hecho de la política española un Campo de Agramante. Se concitan muchas dudas sobre la oportunidad de que en ese aniversario se celebre en Barcelona un Consejo de Ministros. Lo que unos entienden como un gesto de conciliación, otros podrían interiorizarlo como de provocación. Mucho más cuando Quim Torra -ue ni se verá con Sánchez- y los partidos que lo sostienen contemplan cómo la calle les increpa y cuestiona abiertamente.