José María Aznar no parece que tenga la intención de abandonar la escena política. La reaparición del expresidente del Gobierno tras haber renunciado a la presidencia honorífica del PP no defraudó a quienes esperan de él que asuma el papel de oposición a la derecha de Mariano Rajoy. Así, Aznar criticó a Rajoy por lo contrario que le afea la oposición -por el momento, la real- en el Parlamento: su supuesta tendencia a cerrar pactos que pueden implicar la subida de impuestos o el aumento del déficit y su voluntad de aceptar cambios en las reformas más controvertidas del PP, como la reforma laboral. Desde el discurso de investidura, Rajoy ha dejado claro que las reformas económicas son una línea roja que no piensa cruzar pese a la situación de minoría en la que se encuentra en el Congreso. Pero sus palabras no parecen bastarle a Aznar. La conferencia en Valencia fue el primer paso de una calculada reaparición pública. Ayer en un multitudinario acto en la FAES aclaró que no piensa formar un partido político, pero advirtió que no va a estar callado y que seguirá diciendo lo que considere desde la fábrica de ideas «más influyente de España». Pero más allá de las palabras, hasta que articule una oposición real a Rajoy, Aznar en realidad refuerza al presidente del Gobierno, que puede presentarse como el moderado entre izquierda y derecha.

La ley de dependencia ha cumplido 10 años (se aprobó en diciembre de 2006) con un bagaje ciertamente pobre y con unas complicadas perspectivas de futuro, ligadas indefectiblemente al déficit de financiación y también a las trabas burocráticas de una legislación que nació para hacer frente a la delicada situación de ciudadanos que no pueden valerse por sí mismos y a la de sus familias y cuidadores.

Diez años después, un 29% de las personas con algún grado de dependencia reconocido aún no reciben ayuda, Los recortes presupuestarios, el exceso de porcentaje que asumen las comunidades autónomas, las dificultades para acceder a residencias, la lentitud en la revisión de los grados de dependencia, la invisibilidad de ancianos que no pueden acceder a las ayudas porque su pensión es el sustento básico de la familia, la precariedad económica y personal en la que se hallan los cuidadores no profesionales... Todo ello, el abandono brutal de los afectados como denuncian los expertos, nos informa de un problema acuciante que debería solucionarse con mucha más implicación de la Administración. De hecho, en la agenda de la próxima Conferencia de Presidentes, el Gobierno de Mariano Rajoy ha aceptado la propuesta de los consejeros socialistas de incluir los gastos en políticas de dependencia en el nuevo modelo de financiación autonómica. Es un paso.