El dictamen emitido por el Consejo de Estado que considera la existencia de argumentos suficientes para que el artículo 14 de la ley de capitalidad de Zaragoza sea declarado inconstitucional ha caído como un meteorito. Aunque sin carácter vinculante, la solución a este sudoku que permitió al alcalde Santisteve arrebatar el control de las sociedades municipales a la oposición se antoja compleja. Sobre todo si el Gobierno de Pedro Sánchez decidiera trasladarlo al Constitucional. Porque aunque el informe lo solicitó la entonces vicepresidenta Saenz de Santamaría, la paternidad de la ley es socialista. Pero si la DGA no lo reforma y el Ejecutivo central no lo recurre se crearía un mal precedente. Difícil papeleta.
