La negativa del gobierno de Nicolás Maduro a admitir que hay una oposición al chavismo y que esta resultó vencedora en las elecciones legislativas del 2015 está llevando al país a un desorden institucional mayúsculo que se suma a la grave crisis social y económica en la que está sumido un país. Si la reciente anulación de las competencias de la Asamblea Nacional (Parlamento), elegida democráticamente, y su traspaso al Tribunal Supremo de Justicia controlado por el chavismo permitía hablar de golpe de Estado, la marcha atrás dada por aquel mismo tribunal anulando aquella orden dictatorial pone de manifiesto la naturaleza de una clase dirigente inepta y deslegitimada. Que una alta institución del Estado como es el Tribunal Supremo se preste a decir hoy una cosa y mañana la contraria indica el grado de degradación política a la que ha llegado aquel país en el que los líderes opositores están en la cárcel y los ciudadanos se encuentran con las estanterías de los supermercados vacías mientras la inflación suma tres dígitos. Todos los esfuerzos externos por desbloquear la crisis mediante una negociación entre Gobierno y oposición están fracasando, desde los emprendidos por el Vaticano hasta la mediación llevada a cabo por José Luis Rodríguez Zapatero. El inmovilismo del régimen parece abocar al país hacia la peor no-salida que es la del enfrentamiento violento.

Es muy probable que de no ser por el alboroto que supuso que Podemos condicionara su apoyo a los presupuestos de Aragón a la supresión de aulas concertadas en primero de Infantil , la DGA hubiera tomado un acuerdo similar al adoptado ayer (eliminar trece vías) sin más tensión que la provocada entre colegios y familias directamente perjudicados. Al hacerlo con luz, taquígrafos y alevosía, mezclando una negociación política con una medida de inspiración demográfica, económica y administrativa, todos los centros conveniados han sentido la amenaza como un ataque, uniéndolos en una movilización sin precedentes que ha empoderado a familias, patronal y profesores. La habilidad de la comunidad educativa concertada, proporcional a la imprudencia del partido de Echenique, ha convertido una defensa de intereses en una pretendida lucha por las libertades. Tras la exitosa protesta de afectados, y de quienes sin serlo defienden un modelo educativo concertado de corte básicamente religioso, el presidente Lambán debería reflexionar. En el intento de dar un sesgo de izquierdas a su gobierno, consecuente con el reparto de fuerzas en las Cortes y expiador de las veleidades del PSOE federal, ha abierto una vía de agua que le procura tremendo desgaste, emparedado entre el chantaje de Podemos y el pulso de la concertada. La DGA pierde credibilidad en el conflicto con la educación, materia en la que no caben improvisaciones.