La mayor matanza en Estados Unidos
En una carrera que nadie con capacidad de hacerlo parece querer detener hay siempre un salto peor. El asesinato de al menos 58 personas que asistían a un concierto al aire libre en Las Vegas es la mayor matanza registrada en aquel país en tiempos modernos, superando las 49 víctimas mortales de Orlando el pasado año. El presidente Donald Trump calificó lo ocurrido de acto de pura maldad. ¿Al igual que en ocasiones anteriores, quedará todo ahí, en dos palabras y una señal de duelo? Lo más probable es que sí. El presidente Obama intentó poner coto durante su mandato a la libre circulación de armas en EEUU, pero se estrelló contra un muro que parece insalvable, el de la Asociación Nacional del Rifle, uno de los lobis más poderosos de aquel país. El estado de Nevada, donde ha ocurrido la última matanza y en el que vivía el presunto asesino que disparó centenares de balas, es el que tiene las leyes más laxas sobre armas. Sus ciudadanos pueden portarlas libremente sin que tengan que registrarse en ningún sitio. Los defensores de las armas consiguen que tras cada matanza no se abra un debate público porque, dicen, no hay que politizar la cuestión. Es la política la que tiene que poner fin a este disparate que cuesta tantas vidas. La de Las Vegas es la peor matanza, pero diariamente mueren en EEUU decenas de personas en pequeños incidentes o accidentes por armas de fuego.
Dignidad para los inmigrantes
Tres años después de los hechos, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado al Gobierno español por las acciones llevadas a cabo en la ciudad autónoma de Melilla en relación con dos jóvenes de Mali que fueron expulsados y devueltos en caliente a Marruecos. Es decir, sin que tuvieran la posibilidad ni tan solo de identificarse, de explicar sus circunstancias personales o de hacer valer sus derechos contra las expulsiones colectivas. El tribunal considera, a pesar de las alegaciones del Gobierno, que los dos inmigrantes ya se hallaban en territorio español y que, en consecuencia, podían acogerse a un recurso efectivo que les amparara jurídica y personalmente, con asistencia médica incluida. La sentencia es un nuevo jarro de agua fría para el Ejecutivo de Rajoy, que ya acumula otras notables deficiencias en relación con la política de acogida, desde el lamentable porcentaje en el cupo de refugiados hasta la situación de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CEI). Respetar los derechos de las personas que, arriesgando la vida, intentan encontrar en España un lugar para vivir no solo es una obligación moral sino también un compromiso con las convenciones europeas de derechos humanos. Algo que, ciertamente, tendría que hacer recapacitar a Rajoy y a su Gobierno, no solo por la necesidad de cumplir con los parámetros legislativos continentales sino por el simple hecho de tratar a los inmigrantes como personas.
