El caso Nóos está a las puertas de la apertura del juicio oral. Ayer las partes acusadoras --Fiscalía, Abogacía del Estado y acusación popular-- entregaron los escritos de calificación. Todo previsible. El principal acusado es Iñaki Urdangarin, con una petición de 18 años por acumulación de nueve delitos. Siguen su socio, Diego Torres, y tres familiares, además de políticos --con Jaume Matas a la cabeza--, cargos de la administración y un abogado, hasta 20. Queda abierto el gran punto de discrepancia entre el juez José Castro y el fiscal Pedro Horrach: sentar o no en banquillo a la infanta Cristina. Juez y fiscal han ido de la mano en el caso pero han discrepado de forma radical a partir de abril del 2013. ¿Fue la infanta un mero sujeto pasivo, beneficiario de las artimañas de su marido, pero desconocedora de estas, o participó de forma activa en la trama, poniendo su condición de hija del entonces rey Juan Carlos como pantalla para encubrir negocios espurios? Ahí esta la clave. Si fue lo primero, como sostiene el fiscal con ímpetu de abogado defensor, solo quedaría devolver el dinero del que se benefició injustamente --580.000 euros--, y que la defensa ya se ha mostrado dispuesta a reparar de inmediato. Si fue lo segundo, como intuye el juez y sostiene la acusación popular, habría motivos para sentarla en el banquillo por delito fiscal y blanqueo de capitales. Diferencias de apreciación al margen, el ciudadano aún tiene que lidiar para comprender qué pasa con una segunda parte de este contencioso jurídico. ¿Puede aplicarse la doctrina Botín al caso de la infanta? Es decir, si el perjudicado (Hacienda) y el Ministerio Público no acusan, no tiene legitimidad un tercero (Manos Limpias) para seguir en solitario. Queda aún margen para interpretarlo porque seguiría la duda de si la infanta cometió delito fiscal (junto a Urdangarin) y eso anularía el precendente --en el caso Botín solo había delito societario--. En resumen, un galimatías jurídico que cuesta seguir a los profanos. Sin embargo, con todo lo conocido, a la ciudadanía ya muy castigada por los casos de corrupción puede parecerle extraño que un acusador público tan escrupuloso como Horrach escriba que la infanta está en "situación de indefensión". Y ese supuesto o no trato de favor es el principal peligro que puede correr la imagen de la Monarquía, que representa ahora Felipe VI. Al fin y al cabo, el juicio oral es la garantía última para esclarecer responsabilidades.