Dentro de poco Pedro Sánchez cumplirá tres años como presidente del Gobierno. El suyo se definía como «el Gobierno de la dignidad», reivindicaba «el Gobierno bonito». Escogió como ministro de cultura a Máximo Huerta y lo hizo dimitir a los pocos días por un problema con Hacienda que ya había solucionado. (Puso a alguien más capacitado, sin que eso sirviera de precedente.) Una ministra dimitió por plagio; ahora, preguntar por la tesis del presidente se considera una muestra de animosidad.

La falta de ejemplaridad o la mala gestión no son causa de cese. Nunca se reconocen errores, y es difícil imaginar un cambio relacionado con la rendición de cuentas. Otra cosa es salir por una operación electoral, como ocurrió con el responsable de la gestión de la pandemia.

Nada importa mucho. Varios ministros se saltan las restricciones a la libertad de circulación, se rescata Plus Ultra de manera incomprensible, la fiscal general del Estado y exministra de Justicia frecuenta compañías insalubres, y partidos y analistas defienden que la Policía viole los derechos fundamentales. Aun así esta semana la continuidad del ministro del interior Grande-Marlaska parecía inverosímil bajo cualquier estándar. Ha tenido actuaciones penosas y a veces siniestras: su respuesta al acoso a miembros Ciudadanos durante el orgullo gay, la extralimitación policial en el confinamiento, la argumentación para justificar la patada en la puerta. El miércoles el juez de lo contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional Celestino Salgado dictó una sentencia (no firme y recurrida) que anula la destitución del coronel Pérez de los Cobos como jefe de la Guardia Civil en Madrid y ordena a Interior restituirle en ese puesto. Fue cesado porque se negó a incumplir con su deber.

La arrogancia es una forma del miedo: refleja la ansiedad que genera la manifestación del 8-M de 2020 en el gobierno y el temor que produce a un superior con mala conciencia el funcionario que cumple con su obligación. El ministro pidió a su subordinado que hiciera algo ilegal; cuando no lo hizo, lo cesó. Pero, según le dijo la directora general de la guardia civil al teniente general Ceña Coro, la decisión del cese era de Moncloa.

Se ha pedido la dimisión del ministro, aunque quizá sabe demasiado. Cuesta imaginar que el desempeño produzca un cese en este Gobierno: la experiencia haría pensar que se puede penalizar más una buena ejecutoria que una mala, y que la función de los ministros y gestores criticados es tapar los errores del presidente.