El Gobierno ha desglosado las grandes líneas de actuación en las que invertirá los esperados fondos europeos. El presidente Pedro Sánchez, antes de comparecer hoy en el Congreso de los Diputados para presentar el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que debe enviar a Bruselas para su aprobación, ya ha avanzado en los últimos días las principales novedades. Ayer, se centró en detallar uno a uno los diez proyectos que aglutinarán el grueso de los 70.000 millones de euros de inversión pública previstos hasta el 2023. Una lista de planes para un futuro más sostenible y digital, con especial atención a la movilidad, acompañado de cifras que no bajan de los 10 dígitos. Hablar en términos de miles de millones de euros puede causar una sensación de lluvia de dinero, de maná venido de Europa. Bienvenidas sean las ayudas para impulsar sectores estratégicos, si bien habría que evitar el riesgo de que, por el propio diseño de reparto de los fondos, estos acaben concentrados en unas pocas manos. La transparencia y la facilidad de acceso a las convocatorias serán garantía de que no ocurra.

Siendo muy importantes, estas ayudas económicas no bastan por sí solas para cambiar el modelo español, como bien saben la Unión Europea y el propio Gobierno de Sánchez. Por eso, además de los macroproyectos de inversión, el Plan de Recuperación incluye reformas estructurales, algunas de ellas en áreas tan sensibles como el empleo, las pensiones o los impuestos. Este terreno se antoja más abrupto. Cambiar leyes que puedan perjudicar los intereses de algunos colectivos no será fácil de conseguir. Necesita de amplias mayorías políticas y sociales. Podríamos encontrarnos con un plan aprobado por Bruselas pero con enormes dificultades para ejecutarse a nivel interno.

Centrándonos en las pensiones, el caballo de batalla es que los pensionistas no pierdan poder adquisitivo. Por otra parte, es indudable que el sistema actual debe revisarse, porque el déficit de la Seguridad Social ha alcanzado proporciones preocupantes. La propuesta de reforma del Gobierno incluye puntos controvertidos, como la sustitución del factor de sostenibilidad que introdujo el PP (y que suponía un recorte de la prestación a los nuevos pensionistas) por otro cálculo que, a falta de concretar, también irá vinculado a «a la evolución de la esperanza de vida», que es precisamente lo que rechazan los sindicatos y algunos partidos de izquierda. El cheque de hasta 12.000 euros para los que alarguen su edad de jubilación, es una propuesta con doble filo: en la medida en que mantiene activos por más tiempo a los trabajadores mayores puede frenar al mismo tiempo la entrada de los jóvenes al mercado laboral. En materia laboral, la necesidad de simplificar la variedad de contratos existente no es nueva y podría facilitar la contratación. Respecto a la derogación de algunos puntos de la reforma del PP habrá que ver cómo encaja con lo que exige Bruselas.