S e ha conocido por fin el escrito de acusación de la Fiscalía en las causas especiales contra el procés abiertas en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional y se ha mantenido la contundencia de las peticiones esperadas. El relato de los hechos por parte de las acusaciones y la consiguiente calificación de los delitos no han variado sustancialmente desde el final de la instrucción. Quienes levantaron expectativas en sentido contrario lo hicieron desde la esfera política y sin base jurídica.

La suma de 177 años de cárcel para los procesados que pide el ministerio público parte de la premisa de que tanto Oriol Junqueras (25 años) como varios exconsellers, los líderes de la ANC y Òmnium Cultural y el exmayor de los Mossos Josep Lluís Trapero incurrieron en un delito de rebelión. El escrito argumenta que las llamadas de los líderes independentistas a la movilización con vistas al 1-O comportaban «en un alto grado de probabilidad el empleo de actitudes de violencia y enfrentamiento». El empleo de la violencia, precisamente, está en el punto de mira para las calificaciones que puedan decantar la balanza hacia los delitos de rebelión o de sedición, con una diferencia muy notable en la petición de penas. Los hay que sostienen que pudieron obrar con menosprecio a la ley y con prácticas dudosamente democráticas, pero que violentar el marco legal no es sinónimo de violencia. Pero la Justicia deberá afinar en sus argumentaciones para que no queden dudas de que sus soportes normativos encajan en las calificaciones y las peticiones que se desprenden de ellas. En su momento puede que fuera un error político llevar el asunto catalán al terreno únicamente judicial, lo que ahora dificulta su resolución. Pero a nadie se le escapa que un conflicto de naturaleza esencialmente política exigiría un encauzamiento también desde la política. El escrito de la Abogacía del Estado, que no aprecia delito de rebelión e identifica los hechos como sedición y malversación, puede ser considerado como una aportación en esa dirección.

Curiosamente, el debate político no se ha centrado en las acusaciones sino en la figura de Pedro Sánchez. PP y Ciudadanos lo acusaron de plegarse al independentismo, mientras el president Torra le culpó de ser «cómplice» de la represión. Unos y otros menosprecian el Estado de derecho que dicen defender.