El Gobierno aprobará hoy el anteproyecto de ley que va a reformar el divorcio. Era una promesa electoral del PSOE ante el evidente desfase de la ley que se dictó en 1981. No sólo la sociedad ha evolucionado desde entonces. También se han puesto en evidencia las carencias de un texto que se sacó adelante tras no pocas campañas en contra de claro matiz religioso.
El Gobierno propone la posibilidad del divorcio directo a partir del tercer mes después de la boda, sin que la separación previa sea obligatoria y bastando sólo la voluntad de una de las partes. El enfoque es parecido a la disolución de cualquier sociedad mercantil. Se elimina también la necesidad de que uno de los conyuges sea presentado como responsable de la ruptura, principio de que se ha abusado muchas veces para fabricar pruebas que limiten los derechos sobre los hijos. Compartir la patria potestad será más asequible para la pareja. Se equivocan los que creen que la facilidad para desunirse aumentará el número de solicitudes. En el 2003, hubo 126.742 separaciones y divorcios, y 210.155 bodas. Ambas cifras se incrementan, pero la de rupturas se acelera. Reducir trámites y eliminar sufrimientos mejora el divorcio, sin que lo aumente.
