En mayo del 2015 la Comisión Europea emplazó a España «por incumplimiento de la directiva marco de aguas», en la declaración de impacto ambiental del proyecto de pantano de Biscarrués. En su afán por mantener vivo el proyecto, el Gobierno ignoró la advertencia. Dos años después, la Audiencia Nacional ha anulado el proyecto porque la obra afectaría «significativamente la ecología del río» sin estudios de impacto suficientes. Aunque se trata de sentencias recurribles ante el Supremo, ¿qué más necesita la ministra García Tejerina para renunciar definitivamente al embalse?