Es de agradecer la actitud positiva y constructiva de algunos sectores frente a los problemas y los conflictos. Resulta especialmente útil cuando la irracionalidad y las pasiones, junto con intereses económicos, enturbian la razón y acaban con los juicios y propuestas sensatas. Es lo que se observa en la cuestión nacionalista.

Suele producirse una correlación entre los sentimientos románticos de una arcadia feliz, que nunca existió, con los intereses económicos de sectores sociales acomodados. Las regiones separatistas, o mejor, los ciudadanos de las regiones ricas, suelen tener mayores niveles de renta de las que se quieren separar. Ocurre en nuestro país (Cataluña y PaísVasco), ocurre en Italia, la Padania rica, frente al sur pobre, Bélgica, con flamencos y valones, incluso en otros lugares, como Bolivia se observa la misma pauta, la Santa Cruz más rica del resto. Solo conocemos un caso de que la zona pobre se haya querido separar, Eslovaquia respecto a la república checa. Lógicamente la aceptación fue inmediata. Escocia no se separará del Reino Unido. Si generara el nivel de PIB que la city londinense, también jugaría con eso. La confusión territorio y personas, lleva a los sectores nacionalistas a ocultar bajo las banderas la cuestión fundamental: no son los territorios los que redistribuyen la renta sino las personas. El discurso de territorios que pagan y territorios que reciben, la actual polémica de las balanzas fiscales, es tramposo e interesado.

LA PROPUESTA federalista puede ser loable como intento de acuerdo, pero no es valiente porque no afronta la realidad de la actitud nacionalista. El federalismo parte del principio de la cooperación y la colaboración hacia un todo común. La realidad es que el nacionalismo no es cooperador y el federalismo, tal como se plantea en nuestro país en estos momentos, no se enfrenta a esa actitud disgregadora sino que pretende encauzarla o domesticarla con buenos deseos. Pero este cambio no se puede conseguir: si las demandas permanentes del nacionalismo no tienen el coste de una pérdida de un determinado status o unos derechos concretos, estas demandas son gratis y, en consecuencia, se va a mantener ese comportamiento insaciable permanentemente. Dicho de otra manera, si en un momento determinado una autonomía fuera suspendida, como se contempla en nuestra Constitución, seguramente se apreciaría y valoraría el grado de autogobierno del que disponen nuestras comunidades autónomas. Para hacernos idea, en términos de gasto público, nuestro sistema autonómico está mas descentralizado que países formalmente federales como Alemania. ¿Qué haría entonces un supuesto estado federal español? ¿no se puede considerar España ya un estado federal? ¿qué puede añadir a la realidad institucional existente la idea federal?.

Como se ha dicho, el federalismo es cooperador y el flujo de relaciones es recíproco desde las federaciones hacia el órgano central y viceversa. Es un proceso dinámico que puede tanto descentralizardecisiones y órganos como recentralizar, sin menoscabo de las federaciones. Se trataría de un proceso vivo que se moviera bajo los criterios de eficiencia y equidad de acuerdo a teorías económicas fundamentadas y contrastadas, como lo que propugna el federalismo fiscal, es decir, que se gaste bien y que trae a todos por igual.

Las propuestas nominalmente federalistas en España ignoran esta característica básica del federalismo cual es la cooperación. Y así, se sustentan en temas como más descentralización, "financiación adecuada", "mejorar el autogobierno", pero no se dice nada de aspectos que han fragmentado el mercado único, del solapamiento de competencias, del diseño en alguna medida de unidades óptimas de gestión, algo que se puede deducir de los artículos 148 y 149 de la Constitución, sobre el reparto posible de competencias. La experiencia de estos más de 30 años de sistema autonómico haría aconsejable una reflexión serena de qué es lo que se está haciendo bien y qué es lo que no. Se necesitaría una revisión, en suma, de la distribución y ejecución competencial y su sistema de financiación, que evitara la "irresponsabilidad fiscal", es decir, gastar sin soportar el coste social y político de recaudar los impuestos.

Pero para empezar ese proceso, en el supuesto de que se entendiera y hubiera disposición política, nos encontraríamos con un problema importante de nuestro sistema político. Más allá de determinadas bondades del sistema autonómico, este también ha generado algunos defectos como son un poderoso efecto clientelar, en los territorios correspondientes, y en la misma estructura interna de los partidos. El caso de la Comunidad de Madrid es, en este sentido, paradigmático en ambas dimensiones, externa e interna.

Profesores de la Universidad de Zaragoza y de la Universidad Autónoma de Madrid