El Gobierno de Aragón presentó la pasada semana el tan esperado plan para rescatar al sector de la nieve a través del cual, y con la participación al 40% de los ayuntamientos, se contrataría hasta un millar de personas por un periodo de tres a cinco meses y con un salario que rozaría los mil euros. Es una buena iniciativa que paliaría los graves perjuicios que están causando las restricciones por la pandemia a los valles de la montaña. Una buena iniciativa que además debería contentar a los beneficiarios, ya que otros sectores gravemente afectados también no han recibido ayudas de este tipo, al igual que tampoco lo han hecho otros miles de trabajadores de otras actividades laborales que han perdido su trabajo en los últimos meses.

Sin embargo, este plan bautizado con el nombre de Remonta, está todavía muy verde y genera dudas e incertidumbres, especialmente en los pequeños municipios pirenaicos que deben establecer un censo de personas que se podrían acoger a estas ayudas. De hecho, a pesar del pomposo anuncio del rescate, todavía no ha salido el decreto que lo regula, y eso está provocando que esté demorándose su puesta en marcha.

Además de que las pequeñas administraciones consideran que no tienen suficiente capacidad financiera para asumir ese 40% del total de las ayudas públicas que se incluyen en el plan, el desarrollo del mismo debe empezar a aplicarse con cierta celeridad y, sobre todo, con todas las dudas resueltas. En este sentido, las entidades empresariales que viven del mundo de la nieve y el esquí se descolgaron ayer a última hora de la iniciativa, exigiendo ayudas urgentes y con celeridad.

Tendrán su parte de razón y es necesario escucharles y atenderles, pero también es necesario ser muy conscientes de que la pandemia está afectando de lleno a muchas actividades y no todas han tenido la misma atención que las de la nieve por parte de las administraciones públicas. Por tanto, conviene que todo el mundo ponga de su parte y tenga comprensión ante la magnitud del problema.