Ni el dumping fiscal es nuevo ni debería formar parte de una estrategia política. Aragón sabe mucho, y desde hace muchos años, de las ventajas económicas que otros territorios cercanos (Navarra y País Vasco, por ejemplo) tienen para empresas y empresarios de esta y otra comunidad, y el Gobierno regional, con el presidente Lambán a la cabeza, ya ha defendido en más de una ocasión la armonización fiscal y ha hablado de la «deslealtad absoluta» y la «insolidaridad» de Madrid para con otras autonomías. Pero el debate abierto estos días para acabar con las ventajas fiscales de la capital del Estado es obtuso, retorcido y sorprendente: un partido separatista que pide la armonización fiscal de todos los territorios de España y un partido conservador queriendo romper España por la fiscalidad. Detrás de todo, se busca un enfrentamiento entre Cataluña y Madrid con la mirada puesta por los independentistas en las elecciones catalanas, pero Isabel Díaz Ayuso , la presidenta de Madrid, sale reforzada. La sparring del PP nacional, que está toreando al Gobierno central y ganándole batallas. Y como conclusión, más polarización.

La historia es que el sistema de financiación autonómica que rige en el país, que data del 2009, permite a las comunidades tener capacidad normativa sobre determinados impuestos. Lo que se buscaba es que las autonomías tuvieran una forma de financiarse, pero curiosamente se está asistiendo a la supresión de esos tributos y luego se pide dinero al Estado. Es legal, pero pernicioso para algunas comunidades. Y la política ha hecho que en determinados momentos los partidos actuaran como si estuvieran en una subasta, anunciando bajadas de impuestos, como el de Sucesiones, y entrando en unas comparaciones entre territorios de muy mal gusto. Incluso, en tiempos del ministro Cristóbal Montoro se pidió a expertos en la materia que estudiaran la armonización ante la petición de varios presidentes autonómicos que criticaban ya el hecho diferencial madrileño. Pero no hubo cambios por aquello del PP de la unidad de España. Hubo un momento también que la Cataluña de Artur Mas pidió un pacto fiscal para evitar el procès y lo que quería era autonomía en la gestión de los impuestos. La paradoja es que ahora unos y otros hacen lo contrario.

Lo que es evidente es que Madrid aprovecha la ventaja que tiene al ser la capital del Estado, tener todas las sedes ministeriales y los organismos estatales. Ahí es donde están las sedes de las compañías más importantes de España y de la Península Ibérica pero también los capitales más altos. No necesita atraerlos porque ya los tiene. Pero ocurre que en los últimos años está habiendo una migración de esos niveles altos de renta y de sociedades desde Cataluña hasta Madrid por ese mal económico catalán llamado independencia, no por el dumping fiscal . De hecho, el PIB de Cataluña superaba al de la comunidad madrileña hasta el 2017 y el 50% de la riqueza del país se concentraba en ambas comunidades. Ahora los datos catalanes se han caído por todos los lados. Por eso no tiene sentido elevar a la categoría de estrategia política esta cuestión.

Hay que acabar con las ventajas fiscales de Madrid pero dentro del Consejo de Política Fiscal y Financiera y con el acuerdo de todas las comunidades. Es más que necesario y una vez aprobados los Presupuestos Generales del Estado del 2021, el Ministerio de Hacienda de María Jesús Montero debe ponerse manos a la obra. Quizás una buena solución sería poner topes por arriba y por abajo, es decir, que los impuestos tuvieran máximos y mínimos que cumplir, como les ocurre ahora a los ayuntamientos con el IBI.

No obstante, no es que la capitalidad perjudique al resto de territorios, que también. Pero esto ocurre en todas las grandes metrópolis del mundo. París, Milán o Nueva York generan unas descompensaciones económicas, sociales y culturales muy importantes y lo que se necesita es un reequilibrio territorial. Para ello, estas grandes ciudades deberían compensar de alguna manera a esas otras comunidades que salen perjudicadas, pero no solo porque las grandes tengan unos impuestos más baratos, sino porque también es más complicado aquello de bajar tributos y dar mejores y más servicios. (Aunque en Cataluña se pagan más impuestos y se tienen menos servicios). En nuestro país, ese desequilibrio se da en la llamada España vacía, en buena parte de Aragón. Por eso una forma de compensar sería que calara esa machacona idea del presidente Lambán de la capitalidad compartida. Si a las provincias de Teruel y Huesca, por ejemplo, llegaran sedes de organismos ministeriales u otros del Estado se evitaría tanta descompensación económica. El presidente Sánchez no se ha cerrado a ello, pero tampoco existen proyectos concretos de descentralización encima de la mesa. En nuestro país, la Comunidad Valenciana es una de las administraciones que sí ha descentralizado organismos de su capital, Valencia, y no parece que le vaya mal. Si sirve a nivel regional, en el ámbito estatal el impacto sería todavía mayor. El objetivo: que unos no perjudiquen a otros, pero nunca jugar con políticas estratégicas fiscales.