Comienza otro curso escolar y como sucede desde hace ya algunos años lo hace con una nueva vuelta de tuerca. Aumentando el número de alumnos por aula, reduciendo las becas que garantizan el acceso a la educación, incrementando el precio de matrículas en los niveles no obligatorios y cerrando aulas públicas mientras se refuerza el sistema concertado (privado y en su mayoría religioso). Estas vueltas de tuerca, entre muchas otras a los recursos y programas docentes que pasan desapercibidas para la mayoría de la sociedad, se producen de forma espaciada pero constante llevando a nuestro sistema educativo público a unas cotas de precariedad desconocidas en democracia y que apenas permiten ya alcanzar el éxito educativo a los alumnos más brillantes mientras condenan al resto al fracaso. La situación del profesorado, fundamental en este engranaje, tampoco invita al optimismo. Cada vez más sometido a la voluntad de los cargos directivos y más dividido según su estatus, mientras se modifican normas y se precarizan selectivamente sus condiciones, empezando por las de los más débiles. Un ejemplo es el nuevo decreto que obliga a los interinos a aprobar la oposición cada vez que se convoque y otro el aumento de las jornadas parciales, cuyo porcentaje frente al total se ha duplicado desde el curso 2011-12. Los profesores se ven así "chantajeados" a trabajar con contratos de 6, 7 y 8 horas semanales en los lugares más recónditos de Aragón, perdiendo a veces incluso dinero, porque la Administración les da a cambio los mismos puntos de experiencia que por una plaza a tiempo completo. Una situación que, como otras más propias del pasado, sindicatos y compañeros contemplan ya resignados. Periodista y profesor
