El intento más serio de hacer frente al reto de la inmigración tuvo lugar en el último año de la primera legislatura del Gobierno del Partido Popular. A lo largo de 1999 se tramitó en el Congreso de los Diputados una proposición de ley orgánica con la finalidad de dar respuesta a una realidad inmigratoria que era sensiblemente distinta a la que contempló la ley de 1985.

El hecho de que se tramitara como proposición, es decir, como un texto de origen parlamentario y no como proyecto de ley,de origen gubernamental, era expresivo. Indicaba que todos los partidos compartían el mismo diagnóstico acerca de la enormidad del reto de la inmigración y habían llegado a la conclusión de que únicamente mediante un acuerdo prácticamente unánime se le podría dar respuesta. Para facilitar ese acuerdo la fórmula de la proposición de ley era mucho mejor que la del proyecto. El consenso tenía que fraguarse desde el primer momento.

EL CONSENSOfuncionó perfectamente a lo largo de la tramitación parlamentaria de la proposición de ley hasta el momento final de su votación en el Congreso de los Diputados en el verano de 1999. Fue en el momento de la remisión del texto al Senado, cuando el entonces ministro de Interior, Jaime Mayor Oreja, se manifestó contra la aprobación por el Senado de la proposición de ley en los términos en que le había sido remitida por el Congreso, poniendo en circulación un argumento destinado a tener mucho éxito: el efecto llamada. Si la ley se aprobaba por el Senado en los términos en que había sido remitida por el Congreso tendría un efecto llamada que inundaría a nuestro país de inmigrantes, desbordando todas nuestra posibilidades de integrarlos.

A partir de ese momento quedó roto el consenso. Se produjo la dimisión del parlamentario del PP que había negociado la proposición de ley, Diego Jordano, y a finales de ese mismo año, tras los sucesos de El Ejido, la del ministro de Trabajo, Manuel Pimentel. Pero la opinión de Mayor Oreja se acabaría imponiendo en el interior del PP. Sus reparos a la proposición de ley se convertirían en munición electoral en la campaña de marzo del 2000 y se incorporarían al proyecto de ley que, tras la mayoría absoluta de ese año, sería remitido a las Cortes y se aprobarían por la ley orgánica 8/2000, de 22 de diciembre, inaugurando de esta manera el Gobierno del PP un estilo que se convertiría en norma durante toda la legislatura.

El fracaso de la respuesta unilateral del PP al reto de la inmigración salta a la vista. El efecto llamada no ha dejado de operar a pesar de que, desaparecida la ley que lo generaba, debería haberse puesto fin al mismo. El número de inmigrantes no ha dejado de aumentar y de aumentar de manera significativa. El desfase entre lo que la norma contempla y lo que ocurre en la realidad no ha hecho más que crecer. La opacidad informativa con la que el Gobierno anterior del PP trató este tema, como tantos otros, nos impedía saber con precisión la magnitud del desfase, aunque todos intuíamos que era importante. Con la llegada del nuevo Gobierno hemos empezado a enterarnos.

Quiere decirse, pues, que tenemos en este momento que hacer frente a dos problemas en este terreno. Uno, inmediato: dar salida a la bolsa de situaciones irregulares que se han acumulado como consecuencia de aplicación por el Gobierno anterior de la propia ley que su mayoría parlamentaria había aprobado. Otro menos inmediato pero también urgente: diseñar una política inmigratoria adecuada a la magnitud del reto con el que tenemos que enfrentarnos.

DE LO QUE SEestá hablando estos días es únicamente del primero de los problemas. Pero a nadie se le oculta que hay una conexión entre como vamos a salir del atasco en que ahora mismo nos encontramos y el diseño que se pueda hacer de una política con pretensiones de permanencia. De no acertar en el primero, esto es, en la fórmula mediante la cual vamos a regularizar situaciones irregulares, no va a ser fácil llegar a un consenso en el segundo.

Por eso hay que tener mucho cuidado en lo que se va a hacer. En el fondo y en la forma. No se debería volver a cometer en el 2004 el error que se cometió en el 2000. No creo que exista un problema de más envergadura para la sociedad española que el que representa el reto de la inmigración. O lo resolvemos entre todos o no lo resolveremos ninguno. No hay más remedio que intentarlo.

*Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Sevilla.