El Ayuntamiento de Zaragoza y la DGA están a la greña por las deudas mutuas. El vicealcalde Fernando Gimeno ha elevado el tono de las críticas y acusa al Ejecutivo de "tratar a la capital aragonesa como a los apestados de la comunidad". En consecuencia, anunció la decisión de compensarse ocho millones que debería aportar a la administración autonómica por impagos de ésta en el IBI de los edificios de la Expo. El conflicto debería despejarse de manera amistosa a la mayor brevedad. Cuando se acerca una campaña electoral en la que los principales partidos levantan la bandera de la transparencia, la ejemplaridad y la regeneración es imprescindible que las principales instituciones aragonesas prediquen con el ejemplo. De lo contrario, la ciudadanía encontrará motivos para seguir recelando de la política y de los procesos públicos.
