Mientras la situación en Venezuela aparece enrocada entre dos facciones antagónicas que claman por la legitimidad de unas urnas que les dio la victoria, limpia o fraudulenta, y mientras la diplomacia internacional se divide en dos bloques también antagónicos, el Ejército aparece en estos momentos como la fuerza clave que puede decidir el futuro inmediato del mayor responsable, aunque no único, de la catastrófica situación económica del país, el incompetente Nicolás Maduro. Las Fuerzas Armadas no son un agente objetivo ni están por encima de las partes. Los militares son parte del problema. Han sabido aprovechar la debilidad de quien ha sido presidente desde el 2013, tras la muerte de Hugo Chávez, para asegurar una larga serie de privilegios económicos, entre ellos el control de la primera empresa del país, Petróleos de Venezuela SA, así como grandes intereses en otros sectores como la minería o la construcción. En las presentes circunstancias puede resultarles más conveniente mantener a Maduro en el poder, pero el Ejército no es una entidad monolítica. La propia avidez de los altos mandos ha marcado una gran diferencia con los intermedios y con la tropa que tienen que lidiar diariamente con la carestía y la escasez como la mayoría de la gente. Los días de Maduro en el poder están contados y lo que se impone es una transición que debe ser pacífica en la que no debe haber lugar para las armas.
