El propósito con que se inicia el diálogo social entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos --la búsqueda de más competitividad, empleo estable y mayor cohesión social-- es idílico. Ahora hay que lograrlo. Negociar equivale a ceder algo en las posiciones de cada uno para conseguir puntos comunes de aproximación. Tenemos la obligación de poner la maquinaria económica del país más en línea con nuestros socios de Europa, tanto en productividad como en bienestar social. El Gobierno debe mejorar el marco general de la actividad productiva y comercial. La patronal ha de ser pragmática y no buscar una desestabilización para que la opinión pública añore al PP. Los sindicatos, por su parte, tampoco tienen que discrepar por principio de cualquier propuesta socialista, que es lo que pasó en algún momento de la etapa de Felipe González. Todas las partes han de actuar intentando asumir la limitada capacidad de maniobra que significa estar sujetos a la política común de la UE. Pero a partir de ahí este país precisa mucha valentía. Porque además de los retos de la globalización (las deslocalizaciones, la competencia de países con salarios mas bajos, etcétera), debemos cambiar un esquema económico propio poco ágil y algo anticuado.