Aunque las encuestas repitan machaconamente que el paro es el primer problema de los españoles, la presentación de los datos trimestrales de la EPA o mensuales del registro de empleo, son un auténtico «galimatías», una especie de chicle que se moldea y cambia en función de intereses, circunstancias, institución o interlocutor social que lo transmite.
En quince días se pasa de la euforia de nuestro presidente autonómico («Aragón tendrá pleno empleo este año»), a la forzada explicación de la consejera de Economía ante los 1.371 parados más de enero de 2018. («El incremento del paro registrado en enero fue el mejor en Aragón desde 2017 y ya son 31 de caída de desempleo a doble dígito en tasas interanual»). Para M. Rajoy los buenos resultados son siempre muestra de sus aciertos económicos, los malos no existen. Lo cierto es que en Aragón, la reducción del paro está más condicionada por la pérdida de población activa, (en 2017 se han perdido más de once mil personas en disposición de trabajar) que por los nuevos empleos creados. Y los 556.700 ocupados quedan muy lejos de los 632.400 del tercer trimestre de 2008, cuando sí hubo pleno empleo.
Tanto la euforia como los malos tragos en la presentación de estas cifras son desalentadoras, forzadas, incongruentes, insensibles ante la desesperación de millones de ciudadanos. Si ya sabemos que la incidencia de la administración autonómica en la contratación de las empresas es mínima, que las bonificaciones y ayudas no determinan el aumento de las plantillas, que los instrumentos del Estado para condicionar el devenir de algunos sectores ya se privatizaron, que el mantenimiento del empleo recae, casi siempre, en la devaluación de las condiciones laborales y salariales. ¿A qué viene tanta sobreactuación, no será que estamos ocultando que los instrumentos reales para incidir están oxidados?
La política económica está supeditada a las orientaciones europeas y las políticas activas de empleo están más secas que la mojama. Con ellas sí podemos influir, dotándolas de más recursos, orientadores, formación personalizada, cualificación en nuevas profesiones, contactando con empresas para colocaciones. Es difícil entender que el actual SEPE ( antiguo INEM) solo coloque el 1,8% de los contratos realizados en un año.
A pesar de que la precariedad no suele formar parte del discurso oficial del empleo, es imprescindible reducirla. Sabiendo que de los 21,5 millones de contratos formulados en 2017, hay 19,6 temporales y de ellos el 26% de menos de una semana, se puede deducir que el grueso de ellos son falsos contratos fijos, encadenados, para reducir costes salariales. La precariedad estructural es la fórmula para salir de una crisis cebada en los asalariados, algo que debería rebelarnos ante un modelo social, basado en la inseguridad económica, rebajas de condiciones laborales y cuestionamiento de la dignidad del trabajo como superador de la escala social y profesional.
Las administraciones deben y pueden actuar ante un problema social que no solo cuestiona el modelo y la concepción del trabajo, sino que dinamita la Seguridad Social y el sistema de pensiones, lastra la productividad y desincentiva la inversión en capital humano. La primera actuación creíble debería ser la reducción de la tasa de precariedad en el sector público. Es inconcebible que Aragón tenga un 37% de personal docente interino o que cerca del 50% de nuestros médicos, enfermeros, celadores y demás trabajadores sanitarios estén en esa situación. Superamos con mucho la media nacional y quedándonos muy lejos de ratios del 14% en Galicia y de un dígito en Navarra.
No es cierto que la temporalidad es el paso a un contrato fijo: menos de un 10% se convierte al cabo de un año en fijos. El grueso de estos contratos que se firman cada mes, el 75%, no son nuevos sino renovaciones. Es el mayor fraude de ley que se practica en España.
En la lucha contra la precariedad, tanto el Gobierno central como el autonómico son pusilánimes; hay que suprimir los incentivos a estos contratos, negociar nuevos modelos de contratación, reforzar el principio de causalidad, limitar el encadenamiento, penalizar a las empresas que abusan en estos contratos con mayor cotización al desempleo…
Y aunque la mayor parte de estas actuaciones son competencia del Estado, en cada territorio hay margen para combatirla. Nada impide conocer las empresas y sectores que abusan de estas contrataciones, cruzar datos dentro de su mismo sector para localizarlas, desarrollar un plan de la inspección de trabajo para disuadirlas, hacer campañas entre empresarios y sindicatos, visualizar los incumplimientos generalizados y defender que el contrato temporal es una herramienta transitoria y excepcional que los empresarios y la administración tienen para ajustar la oferta.
Aunque hasta ahora en cada colada hayamos perdido una sábana, nunca es tarde para intentarlo, la causa lo merece.
