Me gusta la palabra emprendedor, por su componente innovador. La innovación, la creatividad, implica imaginación, que desarrollada por un empresario (sea público o privado) conduce a generar riqueza y empleo. El problema es que en este país -y en otros-, desde que te despiertas una mañana después de haber soñado una idea, hasta que la ves realizada, pueden pasar años que parecen siglos.

Me consta que en cuestión de ideas y a pesar de que somos pocos, Aragón tiene mucha vida en su interior, soterrada, oculta. Son las ideas en potencia que todavía no han salido a la luz, agazapadas entre los deformados pliegues de las administraciones públicas. Ideas convertidas en papel -hoy sin timbrar- que se deslizan lentamente por los tortuosos caminos -sin atajos-, estrechas veredas y calles sin asfaltar de la administración. Y, aunque siempre hay excepciones, la memoria colectiva se aproxima más al «vuelva usted mañana» de Larra que al «fiat» latino. A pesar de las nuevas tecnologías aplicadas a los procedimientos administrativos y a las exigencias de las nuevas necesidades de la sociedad, los ciudadanos todavía piensan que las administraciones son más una rémora que un camino corto, recto y seguro conducente a garantizar que los proyectos se convierten en realidades, de acuerdo con la ley.

Los emprendedores que pretenden ver su idea realizada, más allá del papel, tienen que superar un conjunto de condiciones y cumplir insoslayables requisitos que tienen que ver con el urbanismo; el medio ambiente; la higiene; las relaciones laborales; la existencia o no de restos arqueológicos, o de una pareja de cernícalos primilla; el abastecimiento de agua y su correspondiente depuración; si el proyecto se ajusta al paisaje; si tiene buenos accesos; si está avalado por el banco; si reúne los requisitos para pedir subvenciones públicas; y así hasta casi el infinito. Les dejo aquí un espacio por si algún lector-emprendedor desea añadir su caso particular.

Administraciones europeas, estatales, autonómicas y locales de todo tipo y condición, con sus variantes competenciales -en ocasiones repetidas- que tramitan licencias, autorizaciones, permisos, habilitaciones; que realizan inspecciones y aplican el cada vez más farragoso y complejo mundo normativo, obligando al emprendedor a requerir los servicios de profesionales privados que le ayuden y eviten que se pierda en la floresta administrativa. Llegar al final, sin deprimirse en el camino, tiene el mismo mérito -exagerando un tanto- que la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano cuyo quinto centenario estamos conmemorando.

En Aragón tenemos magníficos funcionarios, competentes en cualquier actividad que necesitemos, que hacen de la administración aragonesa una de las mejores de España. Y tenemos grandes emprendedores con ideas suficientes para regar con ellas nuestro campo económico y laboral. Y profesionales muy cualificados que nos serían útiles para poner en marcha un modelo administrativo más acorde con las necesidades de Aragón. Y, además, tenemos autonomía y competencias exclusivas en materias importantes para nuestra tierra, sobre las que podemos legislar.

Con todo ello estamos en condiciones de crear un modelo administrativo ad hoc para aquellas cuestiones que más necesita Aragón. Capaz de hacer de desatascador de unas cañerías embozadas por culpa del propio sistema. Mejorando, por ejemplo, los normas que regulan las actuaciones de interés autonómico, reduciendo a la tercera parte -en vez de a la mitad- los plazos de resolución de cualquier asunto de esas características, mediante la creación de equipos multidisciplinares de funcionarios -o asimilados-, con competencias exclusivas para impulsar los proyectos que el gobierno considere del mayor interés. Equipos integrados por letrados, interventores, medioambientalistas, urbanistas, ingenieros, expertos de todo tipo, etc. con poder bastante para resolver, sin perjuicio de los recursos que garanticen la seguridad jurídica. Que empujen cada asunto, de despacho en despacho, hasta la victoria final.

En definitiva, la administración aragonesa, con más de 56.000 funcionarios, necesita motores supletorios para moverla con eficacia en aquellos asuntos que más necesita Aragón. Así de simple es la idea.