El consejero de Política Territorial, Antonio Suárez, tiene el loable reto de aprobar antes de final de año la Ley de Capitalidad para definir con nitidez qué competencias son propias del Ayuntamiento de Zaragoza y cuáles no lo son o, en su caso, deberían estar acordadas con otras administraciones. De lograrlo, Suárez conseguiría que su presencia en la DGA durante la legislatura haya servido para algo innovador, tras dos años y medio de encefalograma plano. Pero sobre todo permitiría a los zaragozanos saber a qué atenerse, habida cuenta de la confusión creada con la nueva ley Local de Rajoy.
