A principios de octubre habrá elecciones primarias en Aragón, tanto en Podemos como en el PSOE; elecciones que pueden marcar un punto de inflexión en la política aragonesa.

El hecho de que, a nivel estatal, los poderes dominantes en el seno del PSOE vetaran en su momento una alianza PSOE-Podemos, tal y como reconoció posteriormente el propio Pedro Sánchez, bloqueó, no sólo la posibilidad de un gobierno de progreso en la Moncloa, sino también análogas alianzas a nivel autonómico. En Aragón, donde Podemos quedó a tan sólo unas décimas porcentuales del PSOE, esa posibilidad podría haberse hecho realidad.

Sin embargo, pase lo que pase en uno y otro partido, a raíz de las primarias del PSOE a nivel estatal, el marco político general ha cambiado. Ahora sí, con mucha más libertad de movimientos, Pedro Sánchez acepta la mano tendida de Pablo Iglesias, al tiempo que unos y otros parecemos dispuestos a trabajar discreta pero eficazmente por construir esa alianza que debería permitir lo que nuestros votantes nos demandan: desalojar del Gobierno a Rajoy y limpiar el país de corrupción.

En este contexto, las alianzas para construir políticas de progreso que acaben con la corrupción y el clientelismo que ha infectado tradicionalmente la política aragonesa, deberían ser más viables. Sin embargo, la actitud del presidente Lambán en la confrontación entre Pedro Sánchez y Susana Díaz abre incertidumbres al respecto. Y no tanto por el apoyo en sí que brindó a Susana Díaz, completamente legítimo, sino por la forma, innecesariamente aduladora, como lo hizo, asumiendo con fervor sus propuestas políticas, presididas por un veto absoluto a Podemos. Cierto que en política, o al menos en esa vieja política que criticamos desde Podemos, y en la que a veces caemos también nosotros, donde se dijo “digo” se pasa a decir “Diego”, y no pasa nada … Pero, aunque así fuera, habrá que ver cual será a este respecto la actitud de quien gane las elecciones internas en el PSOE aragonés.

En todo caso, desde mi punto de vista, el principal reto a superar, para que esa alianza pueda llegar a prosperar, pasa por dos ejes: el de las políticas sociales y el de la lucha contra la corrupción y el clientelismo.

En el primer eje, al menos hasta la fecha, se han hecho esfuerzos y negociaciones que han permitido al Gobierno del Sr. Lambán aprobar presupuestos y poner en marcha, aunque de forma altamente insatisfactoria, ciertos cambios en línea con las demandas de Podemos. En todo caso, en el Pleno sobre el Estado de la Comunidad, el presidente se esforzó por asegurar que, esta vez sí, sus propuestas sobre Sanidad, Educación y en otros frentes sociales, entrarán en plena sintonía con las demandas de Podemos. Maru Díaz, la portavoz de Podemos, sin embargo, le recordó el escarmiento que ha supuesto para su grupo, en esta media legislatura, constatar como el Gobierno negociaba los presupuestos con Podemos, para luego ejecutarlos en alianza con el PP…

En todo caso, donde no veo progresos, sino tortuosas maniobras, es en el eje de lucha contra la corrupción y el clientelismo. En este campo, la DGA se ha visto obligada recientemente a disolver nada menos que el Instituto Aragonés del Agua, el IAA. Sin embargo, la operación, parece buscar más el entierro rápido del muerto, con las irregularidades y sombras de posible corrupción debajo, que no propiamente aclarar y sanear esta oscura historia de privatización del agua en Aragón. Por otro lado, aprovechando el verano, la DGA nos sorprendió al rescindir los contratos del Pirineo, con las empresas que deberían haber construido las depuradoras que nunca construyeron; pero, al parecer, indemnizándolas, en lugar de exigiéndoles daños y perjuicios en favor de los ayuntamientos, por incumplimiento de esos contratos. Respecto al ICA, no sólo se sigue cobrando a los pueblos estafados que cedieron sus competencias a la DGA y siguen sin depuradoras, sino que se pretende cobrar también a los vecinos de municipios como Zaragoza o Fabara, donde pagamos cada mes nuestras depuradoras a nuestros ayuntamientos, que jamás cedieron competencias a la DGA. Y todo ello tras conocerse el Informe de la Cámara de Cuentas que desvela graves y numerosas irregularidades, reforzando las sospechas de corrupción denunciadas por la RAPA (Red Agua Pública de Aragón) con el apoyo de decenas de ayuntamientos estafados e indignados.

Las nuevas direcciones que salgan, tanto en Podemos como en el PSOE, deben colocar en el centro de sus prioridades, lo que ya se perfila como un clamor social: la derogación del ICA, como impuesto abusivo, injusto y oscuro; la reforma, tanto de la Ley de Aguas y Ríos de Aragón como del Plan de Saneamiento, piezas básicas de este oscuro negocio de privatización del agua; y la exigencia de transparencia y depuración de responsabilidades por las irregularidades y posibles delitos de corrupción que nos han llevado a tener los servicios más caros de toda España, con diferencia.

*Diputado de Unidos Podemos por Zaragoza