Las cosas pueden cambiarse. En la Unión Europea (que ya vemos que así no) y en los ayuntamientos (que ya veremos), actores de las políticas más cercanas a la gente. Una de las propuestas más renovadora y social que los ayuntamientos podrían llevar a cabo es justamente sobre renovables. La política energética condiciona la vida económica de las personas del mismo modo en que lo hacen los modelos urbanísticos.
Los datos del Gobierno de España, de la UE y de la propia OCDE reflejan como las energías renovables rebajan mucho el precio del mercado eléctrico y que su desaparición, lo dispara. Un precio que pagamos más allá del consumo. De hecho, España juega un papel ridículo en este terreno entre los 34 miembros de la OCDE porque está fuera de los 25 que apoyan sus renovables a pesar de nuestros superiores recursos en sol y aire.
La táctica energética del Gobierno Rajoy es boicotear cualquier posibilidad de desarrollo en este sentido y apoyar sin rechistar las exigencias de los grandes del sector con los que los miembros de la élite política juegan a las puertas giratorias, desde González a Lanzuela. En la propia UE, desde Le Monde en Francia, al Times en Gran Bretaña, han contado escandalizados como España ha logrado colocar mal que bien al amante del fracking e inversor en petroleras Arias Cañete al frente de la Comisión de Acción por el Clima y Energía.
El precio de un kw/hora en España viene regulado en 12 céntimos más el 21% de IVA como si no fuera un bien básico originado en recursos que debieran ser públicos. En Francia es de 0,096° impuestos incluidos. Hagan cuentas: un 70% más. En España es también un 30% más caro que en Alemania y un 5% más que en Gran Bretaña.
El 60% de nuestros recibos son por la potencia contratada, no por el gasto, favoreciendo así a la oligarquía eléctrica más allá de los intentos domésticos por no gastar y de la oscuridad en las casas sometidas a la pobreza (con empleo o no).
Los ayuntamientos podrían dotar de sistemas solares a los distritos y espacios municipales y, sobre todo, a las comunidades de vecinos para que estos redujeran en mucho la potencia de contratación en las compañías eléctricas y reducir los recibos que pagamos, el poder del oligopolio eléctrico y las afecciones ambientales.
La nueva ley eléctrica del ministro Soria de 2013 intentó prohibir ésta práctica pero la ley es tan chapucera que se puede sortear. El artículo 9 de esa ley establece que los "sistemas de autoconsumo deben asumir los costes y servicios del sistema" pero, a continuación establece que "se está obligado a pagar los mismos peajes de acceso a las redes y costes que los consumidores sin autoconsumo". Los mismos. Y nadie puede prohibir que un ayuntamiento subvencione obras bajo la consideración de "mejora y bienestar de los inmuebles" si así lo aprueba, y que las comunidades vecinales decidan esa reforma como deciden pintar la escalera.
Una posible salida rebelde, colectiva, municipal y sostenible al "atraco" del sistema eléctrico y la vergonzosa situación de las renovables en España.
Periodista y Activista.
Blog.fernandorivares.com
