España ha tenido, durante muchos años, la enseñanza en manos de órdenes religiosas. No se trata, al menos hoy, de procurar encontrar las razones de que esto haya sido así, me basta con poner, desde el principio, este hecho sobre la mesa.

El inicio de la legislatura autonómica 2015-2019, en Aragón, fue muy convulso en el campo de la educación por el asunto del Colegio Ánfora, en Cuarte de Huerva (Zaragoza). Podemos no entró en el Gobierno pero sí apoyo la investidura de Javier Lambán y uno de los puntos de ese acuerdo inicial fue no autorizar la apertura de ese colegio, asunto que la justicia terminó resolviendo en sentido contrario.

La actual legislatura ha comenzado con un acuerdo, con Podemos (solo, sin IU, aquí no ha habido Unidas Podemos) dentro del Gobierno. Por congruencia deberíamos pensar que estos habrían exigido algo similar a lo de 2015, relativo a ese colegio o, de forma más amplia, a toda la enseñanza concertada. Pero resulta que en el Gobierno también está el PAR y uno de los puntos de su acuerdo es que haya paz, sin tocarla, con la enseñanza concertada. Chunta Aragonesista estuvo en el Gobierno en la legislatura anterior y lo está en esta, por lo que debemos suponer que su postura, en este tema, será similar a la que defiende el PSOE.

Vemos, por tanto, que en las dos legislaturas el tema de la enseñanza concertada está en el debate del Gobierno autonómico. También lo estuvo en alguna anterior, aunque de forma mucho menos ruidosa, ya que Luisa Fernanda Rudí abrió varios colegios concertados sin que hubiese mucho escándalo en Aragón, la Tierra Noble, como la denominaba Trasobares en sus columnas (que echamos tanto de menos). Y si ponemos la vista fuera de Aragón vemos que Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha dicho que su prioridad absoluta es la enseñanza concertada.

¿Qué es enseñanza concertada? La respuesta a esta pregunta la tenemos en la primera gran ley sobre este tema posterior a la Constitución. Aunque hubo una ley promovida por UCD, el recurso planteado ante el TC, la sentencia y el intento de golpe de Estado del 23-F, hicieron que este partido no pudiese desarrollar su propia política de educación. Sería el PSOE quien, algo después, (L.O. 8/1985, de 3 de julio, reguladora del derecho a la educación), aprobase la primera gran ley, en la que encontramos la definición buscada, en su artículo 10.3: «Los centros privados sostenidos con fondos públicos recibirán la denominación de centros concertados». No vemos ninguna referencia a las órdenes religiosas, las que hasta ese momento y principalmente después, han seguido siendo titulares de estos centros. A partir de esta ley cualquier centro privado que cumpla con los requisitos, lo solicite y se le conceda la autorización administrativa, puede convertirse en centro concertado. Se introduce, por tanto, una variación sustancial con lo que hemos entendido históricamente por los conciertos, el componente religioso.

Cuando se está elaborando la Constitución el tema de la educación es uno de los más tormentosos, tanto que produjo la primera gran ruptura en el consenso sobre el que se iba avanzando en su redacción. El 5 de enero de 1978 se publicó el anteproyecto en el Boletín de las Cortes y se presentaron más de 3.000 enmiendas por lo que los llamados «padres», los siete miembros de la ponencia constitucional, se fueron al Parador de Gredos a estudiarlas y elaborar el dictamen pertinente. Allí fue donde, el 6 de marzo, Gregorio Peces-Barba, del PSOE, abandonó las reuniones alegando que UCD estaba alterando los consensos adquiridos con anterioridad y, precisamente, en materia de educación y enseñanza. Finalmente, ya en Madrid, se llegaría a un acuerdo plasmado en el actual artículo 27, donde se hace referencia al derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. Las siete leyes aprobadas en esta materia desde 1978 hasta hoy no vienen más que a corroborar que la educación y, vuelvo al objeto de este artículo, la concertada, son asuntos de gran controversia entre nosotros.

¿Funciona bien la enseñanza concertada? Pues depende, la hay buena, incluso muy buena, pero en otros casos es muy discutible afirmar que funcione bien. Los colegios religiosos tienen una gran historia y, en general, cumplen adecuadamente. Ya no lo hacen como antaño, con los miembros de la congregación impartiendo las clases, sino solo con la propiedad y control de la dirección e ideario. ¿Y los profesores? Pues los que elija la dirección. ¿Y el dinero? Pues público, o sea, de todos nosotros.

Yo no estoy en contra de estos centros. Por muchos motivos, que resumiría en el concepto de historia, creo que deben funcionar, con controles, claro. Lo que no entiendo es que se sigan concertando colegios, sin más. Una cooperativa de profesores monta un centro, consigue el concierto, y ¡hala!, a enseñar. Insisto: no lo entiendo. ¿Privados? Sí, claro, por supuesto, con inspecciones, pero jugándose su dinero, no el de todos.

*Militar. Profesor universitario. Escritor