Es cuestión de ideología, ¿y qué? Hemos visto cómo el PP aragonés defiende la enseñanza privada en detrimento de la pública, al condicionar su voto al Plan Parcial de Arcosur a la concesión por el Ayuntamiento de Zaragoza de una parcela pública de 40.000 metros cuadrados en el barrio de Valdespartera, que había pedido Dolores Serrat, la consejera de Educación, para construir un centro privado concertado, y así aumentar la oferta educativa para que los padres pudieran ejercer la libertad de elección de centro. A Eloy Suárez le han importado poco las necesidades de los vecinos de Arcosur, al priorizar sus intereses partidistas. Luego les pedirá el voto.

La parcela, según Pérez Anadón, será de uso público. Serrat ha calificado de ideológica y sectaria la decisión, además de que supondrá la pérdida de una inversión de 20 millones de euros, que crearán más de 7.000 metros cuadrados de instalaciones deportivas para el servicio de la población, y más de 200 puestos de trabajo.

Parece razonable que no se puede regalar terreno público a una entidad privada. Si se hiciera, se estaría en este caso dilapidando un patrimonio común, que pertenece a todos los zaragozanos. Según Ugo Mattei, cuando una institución pública, como un ayuntamiento, vende o regala en este caso a una entidad privada un terreno, está expropiando a la comunidad de una parte de sus bienes; una expropiación simétrica, a la que realiza sobre la propiedad privada cuando desea construir una obra pública. Es decir, que toda privatización decidida por la autoridad pública --representada por el gobierno de turno-- priva a cada ciudadano de su cuota de bien común, exactamente como en el caso de una expropiación de un bien privado. Pero con una diferencia importante: la tradición constitucional liberal protege al propietario privado de la institución pública, a través de la indemnización por expropiación, mientras que ninguna disposición jurídica --y menos aún constitucional-- ofrece ninguna protección cuando una institución pública traslada al sector privado los bienes de la colectividad. La argumentación es clara: privatizar bienes públicos es dilapidar un patrimonio común de toda la ciudadanía actual y futura. Mas, en esta vorágine neoliberal, a nuestros gobernantes este hecho les resulta irrelevante.

En cuanto a los argumentos de Serrat para justificar su petición son algunos insustanciales y otros falaces. Aducir que la negativa del ayuntamiento ha estado motivada por una determinada ideología, cuando menos es ilógico e inesperado de la preparación de un alto cargo de la Administración. Naturalmente que el ayuntamiento ha actuado por una ideología, ¿y qué? Una ideología que prioriza y defiende lo público (perteneciente a todo el pueblo) anteponiéndolo a lo privado. Una ideología mucho más ética que otras, cuya pretensión es precisamente la contraria: transferir los recursos públicos para ganancias privadas.

Argumentar que se pierden unas inversiones y puestos de trabajo, es el paradigma de una política neoliberal, para la que todo es medible y cuantificable bajo criterios estrictamente económicos. No solo la educación, la sanidad, la asistencia social, el agua y hasta el aire en un futuro próximo. Esos 200 puestos de trabajo los podría crear, si fuera un buen gerente de lo público, construyendo un colegio público, y así se aumentaría la insuficiente oferta educativa actual. No es justo ni ético acceder a un cargo público con el objetivo enfermizo de privatizar todos los servicios públicos. Eso también es ideología, ¿o no?

Por último, me referiré al mantra de "la libertad de elección de centro". Los populares han ganado la batalla de la comunicación. Mensajes pocos, cortos y repetidos, así calan y nadie los cuestiona. En el ámbito educativo son dos temas recurrentes: la calidad de enseñanza y la libertad de elección de centro, aunque son equívocos. La libertad de elección de centro tiene una audiencia muy amplia no solo entre quienes ya la ejercen, sino también entre ciertos sectores de la clase media y media-baja a los que no les basta la escolarización generalizada, sino que buscan una enseñanza de calidad, que les ofrezca la posibilidad de una movilidad social ascendente para sus hijos, accediendo a determinados centros. Esta libertad, argumentan sus defensores, favorecerá a las clases y grupos sociales inferiores, que no tienen más remedio con el sistema de zonificación, que acudir a centros de baja calidad educativa; les permitirá salir de su entorno y elegir centros de mayor calidad. En la práctica es muy diferente. El estudio de Elmore y Fuller en las escuelas norteamericanas concluye: "El incremento de las posibilidades de elección de centro incrementa la separación de los alumnos por raza, clase social y contexto cultural". El de John S. Ambler sobre las experiencias inglesa, francesa y holandesa llega a unas conclusiones terminantes: Las políticas de libre elección de centro son muy beneficiosas para las clases altas, por ser el grupo social que mejor se entera e informa de las oportunidades que surgen, y se aprovecha de ellas. Además propician las desigualdades sociales existentes creando nuevas oportunidades para los padres mejor informados, que son los que llevan sus hijos a las mejores escuelas. Profesor de instituto