Al abrir nuevos frentes judiciales (el último, el envío a Fiscalía de facturas y la auditoría de todas las obras de Codesport, la empresa de Agapito Iglesias), el consejo de administración de Plaza toma una decisión ciertamente arriesgada. Por un lado, intenta defender los intereses de una sociedad con sospechas muy fundamentadas de haber sido esquilmada por la anterior cúpula directiva y por la UTE liderada por Acciona. Como contrapunto, se inicia una causa general que pone en entredicho el papel de control y de garante de los anteriores consejos. ¿Es que no se enteraban de nada?