El curso político que estos días se inaugura tendrá uno de los capítulos más destacados en las elecciones municipales y autonómicas de mayo del 2015, que pueden acentuar la tendencia apuntada hace poco más de tres meses en los comicios europeos; esto es, un retroceso de los grandes partidos que han dominado la escena política en las últimas décadas y la emergencia de fuerzas nuevas, capaces de ser más que una anécdota y disputarles importantes parcelas de poder. La reforma de la ley electoral local que prepara el PP, que primaría en cada ayuntamiento a la candidatura más votada, no es más que una reacción defensiva del partido del Gobierno para evitar la pérdida de alcaldías que los sondeos le pronostican. Aunque el presidente del Gobierno insiste en presentar su plan como una de las medidas para la regeneración del sistema democrático --regeneración indispensable, ciertamente--, el motivo real es mucho menos lírico y más prosaico. La prueba del nueve es que solo apoya esta polémica iniciativa otro grupo también en horas electorales bajas, CiU.
PRETENSIÓN DE LOS BARONES
La caja de Pandora abierta por el líder del PP ha dado pie a que varios barones del partido que están en trance de perder el poder en sus respectivas comunidades hayan reclamado que se aplique la misma medicina en las elecciones autonómicas. Y aunque no parece que Rajoy vaya a aceptarlo, la pretensón de los Núñez Feijóo, Fabra, Monago o Herrera aviva un debate que se asienta sobre bases falaces. Una reforma de este calado no puede plantearse unilateral y frívolamente por el partido que gobierna, y mucho menos a escasos meses de una convocatoria electoral. Pero además, no puede olvidarse que la ley electoral ya prima a los grandes partidos. Es una de las herencias de la transición, cuando, con buen criterio, se descartó una proporcionalidad pura para facilitar la formación de mayorías y la gobernabilidad de las instituciones (y en el caso de los ayuntamientos, además, minimizar el riesgo del caciquismo). Si ahora se teme una multiplicación de las formaciones con representación porque eso dificultaría la operatividad de los ayuntamientos, lo razonable y lo más democrático es plantear el debate de la reforma de modo sereno y transparente. Lo contrario no es más que simple ventajismo; nada más opuesto a la regeneración democrática.
