Habría que preguntarse si queremos retroceder más de cinco décadas cuando los colegios eran solo de niños o de niñas. Es lo que avala el Tribunal Constitucional. La noticia no deja de ser desconcertante y lo que resulta aún más sorprendente es que el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, defienda la educación diferenciada como «un ejercicio de libertad». Que el Constitucional se reafirme en la sentencia, argumentando que no es inconstitucional y que está «en línea» con la Convención de la Unesco, no significa que se dé un veredicto a favor de subvencionar, con dinero público, a aquellos colegios que quieran segregar por sexos, cuando esto supondría un retroceso en la natural convivencia. Diferenciar los espacios para hombres y mujeres ha sido una tradición en la educación de nuestro país en tiempos pretéritos, cuando nuestra sociedad era retrógrada y facilitaba la desigualdad entre los dos sexos; es lo que estamos viendo en países islámicos de educación y cultura integrista. Está claro que la educación actúa como mecanismo activo, tenemos el ejemplo con los independentistas catalanes que han ido tejiendo, desde las bases formativas, una trama torticera para captar las voluntades, por eso no es de extrañar que los gobiernos se aferren a ella para defender sus ideas y valores. Saben que la transmisión directa de lo que podría llamarse autoridad moral, por parte de los padres o por el profesor-tutor, tiene una gran potencia social y una manera de controlar el futuro de una población. Si a día hoy se está trabajando por la paridad, porque sabemos que la desigualdad es uno de los factores que origina violencia y vulnera los derechos humanos, cómo se pueden transmitir en el aula estos valores si hay colegios que apuestan por la segregación de sexos.

*Pintora y profesora