El Juzgado de lo Contencioso Administrativo ha anulado la prohibición municipal de ceder suelo público para fines privados. La DGA había solicitado una parcela en Valdespartera para construir un centro educativo, pero al conocerse que sería concertado, el ayuntamiento dio marcha atrás y puso como condición para ceder terrenos que la gestión fuera pública. El municipio estudia recurrir el auto. Pero lo que se dirime es una posición del consistorio en la que se defiende que la cesión de terrenos públicos para fines que podrían ser educativos o sanitarios exija que estos sean de gestión pública y más en tiempos en los que el impulso privatizador del Ejecutivo podría reclamar más espacios. Parece razonable que si una entidad privada requiere de un solar trate directamente con el ayuntamiento y que lo compre.
