El Gobierno español ha conseguido traer a España a Hamed Abderramán, el ceutí retenido en el limbo judicial de Guantánamo a quien el juez Garzón relaciona con actividades de una célula de Al Qaeda que habría operado en España. Cabe felicitarse porque tendrá en su país lo que Estados Unidos le ha negado, y que son las garantías jurídicas sobre las que se basa el Estado de derecho.
Abderramán, que fue capturado en Afganistán hace más de dos años, no es el único preso que ha salido de aquel infierno. Alrededor de 90, entre los que se cuentan desde varios adolescentes hasta un anciano, han sido deportados. Pero otros 600 siguen detenidos en unas condiciones que son una total afrenta a los derechos humanos. No se han formulado cargos de ningún tipo en su contra ni tienen acceso a un abogado.
La mejor manera de combatir a dictadores y tiranos, misión a la que dice aspirar la Administración de Bush, no consiste en ponerse a su mismo nivel creando espacios sin derecho, como definía ayer el juez Garzón en este diario la situación intolerable en la que se encuentran los presos sin nombre de la base naval de Guantánamo.
